La asociación presentó un recurso para cuestionar el último aumento tarifario de gas y dispuso su inscripción en el Registro Público de Procesos Colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El magistrado aseveró que la prestación del servicio es un derecho que el Estado debe garantizar. En ese sentido, dada la época y las bajas temperaturas, ordenó suspender cortes de servicio a las empresas prestatarias de todo el país y dictaminó que “se abstengan de llevar adelante cualquier corte o suspensión del servicio de gas a partir del día de la fecha derivado de la falta de pago".

José Elvis Toto y Gustavo Luis Aballar Stiep recurrieron a la Justicia en su condición de apoderados de la Asociación Consumidores Argentinos, solicitaron en su presentación que los aumentos del gas sean declarados nulos e inconstitucionales “por falta de audiencia pública”.

Además de la suspensión de los cortes, habían pedido que se ordene a las empresas distribuidoras a dar marcha atrás con las subas y llevar el gas a los valores anteriores al 1° de abril de 2018, y que también se las hiciera devolver el monto de los aumentos a quienes ya los hubieran pagado.

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, destacó el fallo de la Justicia Federal de Dolores que obliga a todas las empresas prestatarias de gas del país que se abstengan a llevar adelante cualquier corte o suspensión del servicio producto de la falta de pago.

“Esta decisión va en línea con lo que le reclamamos a todas las firmas que prestan el servicio en la Provincia. Se trata de una decisión que tiene en cuenta la situación de vulnerabilidad de las familias, sobre todas las que menos tienen, jaqueadas por estas subas irrazonables”, expresó Lorenzino.

El fallo analiza la forma en que se dieron los aumentos, pone el foco en la naturaleza de las audiencias públicas y presta atención a la situación de los sectores más vulnerables.

“Nuestro reclamo tiene que ver con defender a la gente para que pueda desarrollarse dignamente, que se les garanticen los servicios públicos elementales y que las razones estrictamente económicas no condicionen su calidad de vida”, puntualizó Lorenzino.