El escándalo por corrupción dentro de la Usina Popular Cooperativa (UPC) pareciera recién estar en sus inicios. Luego de que se conociera un acuerdo del presidente de la institución, Antonio Vilchez y el contador (y apuntado por el faltante de cheques) Francisco Medina, sectores de la oposición dentro del establecimiento remitieron un escrito a diferentes instituciones competentes para exigir la realización de una auditoría de las cuentas llevada a cabo por profesionales ajenos a la Ciudad.

“Que solicite –en forma urgente- al Consejo de Profesiones de Cs Económicas , al INAES o a quien corresponda, una completa Auditoría Externa y que la misma sea realizada por profesionales independientes que no tengan domicilio en el Distrito de Necochea”, indica el escrito presentado por Roberto Gómez, Ricardo Luzarreta y Martín Peñalva.

En ese sentido, también requirieron “que se convoque a una Asamblea Abierta de Asociados, en un plazo máximo de 10 días, a fin de dar las explicaciones que el grave caso de corrupción detectado requiere”.

La tercera exigencia que plantea el documento al que tuvo acceso NdeN, apunta a que las autoridades de la UPC “se abstengan de cualquier negociación con el sospechado Contador Francisco Medina o sus abogados, que pudieren implicar el otorgamiento de impunidad”.

La presentación no solo se realizó a la prestataria, sino también a la Presidencia de la UPC,  al Síndico titular de la UPC, al delegado municipal de la UPC y al Presidente del Concejo Deliberante, Ernesto Mancino.

Las críticas a Vilchez y varios concejales

La carta presentada plantea responsabilidades expresas dentro de la gestión de la UPC, pero también dentro del Concejo Deliberante.

“Nuevamente la UPC en el centro de una densa tormenta y no solamente de versiones, sino esta vez hechos y denuncias concretas que, originadas en manejos de fondos presuntamente irregulares, perjudican gravemente a la entidad y terminan en una denuncia penal, por UD presentada la semana pasada ante la Fiscalía local”, aseguran los denunciantes.

En ese sentido, amplían: “Observamos total falta de control. En primera instancia al Consejo de Administración, quien observa y denuncia las faltas, atento que incluso por esta acción prescinde su nivel gerencial quien en principio no actúa y permanece ajeno a esta investigación, con evidentes fallas de control interno, incluyendo al Síndico actuante”.

Por último, varios legisladores locales cayeron en “la volteada” del escándalo que sacude la agenda política de la ciudad. “El contador Medina en principio denunciado como inicial y principal responsable de este escándalo, es concejal electo integrando un bloque de un Partido Vecinal (que nadie votó, Medina es renunciante de FpV) como también es miembro gerencial de la UPC, el concejal Alejandro Issin (gerente de legales) y la concejal Gabriela Góngora; lo que complica aún más la situación. Ellos deben opinar y votar si se trate este tema en el HCD, donde surgirá nuevamente otro “conflicto de intereses”. Arte y parte que le dicen”, concluyen.