La resolución fue enviada por el funcionario judicial al Director General de Cultura y Educación de la Provincia con la idea de ponerle fin a la suspensión de clases por amenaza de bombas en los establecimientos educativos de la ciudad de La Plata y las localidades de la región capital, que están siendo afectada por una ola de denuncia, en su totalidad falsas, por "amenazas de bomba".

A partir de esta resolución de Garganta, de ahora en más no se evacuarán las escuelas que reciban amenazas de bomba y se continuará con el dictado de clases mientras se busca el explosivo en el establecimiento.

La medida, que propone un giro en la metodología que se implementaba hasta ahora, busca ponerle un freno a la seguidilla de casos y que genera la perdida de muchas horas de clases para los alumnos.

Según se desprende de la resolución firmada por el titular de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 11 de La Plata y dirigida al director General de Cultura y Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, ante cada nuevo llamado los agentes de la Dirección Provincial de Explosivos realizarán los procedimientos correspondientes para descartar la amenaza y, de no hallar material explosivo, las clases continuarán su curso con normalidad.

En la nota, Garganta especifica que "para los casos de amenazas de explosivos en establecimientos escolares, de cualquier tipo, donde el único elemento probatorio que acredite la verosimilitud de esto sea la llamada recibida, esto es, que ni las autoridades, ni el personal, ni el alumnado ha percibido en el edificio ningún paquete, bulto u objeto extraño, no se ha visto ingresar o salir personas u automóviles ajenos al edificio y/o cualquier otra circunstancia excepcional; la actuación policial se limitará a convocar de inmediato a los técnicos de explosivos, a los fines de realizar una inspección sobre el lugar".

Asimismo, el fiscal agrega que solo si los especialistas encontraran algún material que fuera necesario explotar se procederá entonces a realizar el usual perímetro y la evacuación del edificio.

El fallo llega en medio de los reclamos de la comunidad frente al rebrote de las amenazas de bomba tras las vacaciones de invierno.
De hecho, hubo días con más de una docena de llamados telefónicos amenazantes, lo que complica no sólo las clases sino los despliegues policiales.