La desidia de los médicos-accionistas (empresarios) hizo que un nuevo establecimiento de salud en la Ciudad quebrara. En su momento fue la Clínica Atlántica, hoy es la Clínica Regional.

Muchos de los médicos que llevaron al desfalco al establecimiento de calle 66 son los mismos que participaron en la quiebra de ambas instituciones. En esta última oportunidad, las personalidades denunciadas de lo sucedido son los socios-médicos Eleazar Seiler, Vilma Parodi, Eduardo Haun y Jaime Núñez Peñaloza.

“Denunciamos que esto iba a pasar. La inacción de la Justicia y la libertad con la que se manejan los empresarios de la Salud ocasionaron un problema grave no solo a las familias que fuimos despedidas sino a toda la comunidad necochense”, aseguró a NdeN Miriam Aranda, delegada de las trabajadoras despedidas en 2009.

La quiebra se dictó luego de que los empresarios no lograran hegemonizar el concurso de acreedores, desde donde apostaban a que se realice un “salvataje”, es decir que otros capitales asumieran el pasivo y se quedaran con el establecimiento. Al no llegar a un acuerdo durante el concurso terminó dictándose la quiebra, lo que implica el avance del proceso liquidatorio y el sucesivo desempoderamiento de las pertenencias de la empresa, que a esta altura, y después del vaciamiento de los últimos años, se reduce principalmente al edificio ubicado en 66 entre 51 y 53.

Fuentes judiciales aseguraron a este medio que una de las partes demandantes “intentarán extender la responsabilidad a los accionistas, que después de fundir la Clínica saldrían aireosos del conflicto”.

El rol de la Justicia

Ahora bien, la Justicia tiene una responsabilidad directa ya que ni bien se cristalizó la precaria situación financiera prácticamente no se dispusieron acciones que agilice el proceso en curso y todo se demoró al punto que cuando la clínica quiebra, ya se encontraba pràcticamente vaciada y sin realizar prestaciones. El responsable judicial de lo sucedido fue el juez Martín Ordoqui Trigo, titular del Tribunal Civil Comercial Nro 2.

En 2009, las trabajadores denunciaron el vaciamiento realizado por parte de los accionistas