Luego de las declaraciones de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, respecto al uso de armas, múltiples voces salieron a cruzarla. Desde nuestra ciudad existe el grupo que se organiza y genera conciencia respecto a lo opuesto que dijo la Ministra: la Red ARgentina por el Desarme, que entre otros la integra Adríán Marcenac, el papá de Alfredo, asesinado en el 2006 en plena ciudad de Buenos Aires.

En declaraciones al diario Pagina 12, Marcenac consideró que tiene “una enorme gravedad” lo dicho en Córdoba por la ministra de Seguridad de la Nación, porque “decir que en la Argentina el que quiera andar armado puede andar armado, es incentivar el uso de armas de fuego, que son responsables del 80 por ciento de las muertes que ocurren en el país” en hechos de violencia.

En este sentido, Marcenac recalcó que “un 20 o 25 por ciento de esas muertes son en situación de robo, en casos de inseguridad; un 20 por ciento son suicidios, y el resto, es decir la mayoría de los casos, son enfrentamientos callejeros por problemas de tránsito o por otras causas de momento, discusiones vecinales, familiares o en hechos de violencia de género”. Precisó, en relación con los casos más frecuentes, que “muchos de esos hechos, de no haber habido un arma de fuego de por medio, se podría haber evitado la muerte de las personas”.

Su hijo, Alfredo, fue asesinado a balazos por Martín Ríos, quien disparó contra los transeúntes sin motivo alguno. El padre del joven asesinado, en diálogo con PáginaI12, sostuvo que las declaraciones de Bullrich “nos generaron una enorme preocupación porque nos sorprende que se tenga una posición tan dogmática desde el Estado y la preocupación se justifica porque es gravísimo dado que esa es la posición que tiene el gobierno, porque más allá de algunas expresiones para minimizar lo dicho por la ministra, lo que está claro es que esa es la posición política del actual gobierno”.

El entrevistado por el periodista Carlos Rodriguez señaló, además, que “lo dicho por Bullrich es una enorme contradicción con la postura que había asumido el actual gobierno cuando llegó al poder, porque se había comprometido a restringir el uso de armas de fuego en manos de civiles y garantizar la seguridad de los ciudadanos por medio de las políticas públicas”. Agregó que ahora la ministra “está incentivando a los ciudadanos a armarse, lo que significa que ellos fracasaron en la tarea de garantizar la seguridad que debe darnos el Estado” e insistió en que “esta es la política del gobierno, porque nadie salió a rectificar lo señalado por Bullrich, que asumió una clara posición a favor del uso de armas de fuego”. Recalcó que eso es “mucho más grave porque sigue vigente la Ley Nacional para la entrega voluntaria de armas, que en los últimos años ha sido desalentado porque no se le ha dado ninguna difusión ni acompañamiento presupuestario y se ha dejado de informar sobre los objetivos, de manera que todo se limita a lo que puedan hacer las 22 delegaciones de la ANMac (Agencia Nacional de Control de Materiales Controlados) en todo el país, sin una política detrás que las respalde”.

Explicó que en la provincia de Buenos Aires, uno de los lugares clave, “sólo hay filiales en La Plata y Mar del Plata, cuando está demostrado que si hay incentivo, a través de los puestos móviles y la difusión, se pueden hacer logros importantes, como en Bahía Blanca, donde en pocos días se entregaron 1200 armas y se tuvo que reprogramar la actividad, dada la repercusión que tuvo entre los ciudadanos”.

Subrayó que “el ochenta por ciento de las muertes dolosas son con armas de fuego y apenas el 20 o el 25 por ciento son hechos delictivos, mientras que el resto son por discusiones o peleas que, si no hubiera un arma de fuego de por medio, no terminarían en una muerte”. En este sentido, señaló que “las estadísticas valederas no son difundidas por los medios de comunicación, que ponen el acento sólo en los casos de ‘inseguridad’, sin tener en cuenta los conflictos personales, vecinales o familiares que conforman la mayoría de los casos de homicidio”. Lo cierto es que, en el país, en los últimos años, “entre ocho y nueve personas mueren por día por el uso de armas de fuego y nosotros nos preocupamos por todas las vidas, incluso la de los delincuentes, que también son personas, y cuyas muertes también pueden evitarse, sin dejar de hacer cumplir la ley”. A mediados de este año, Marcenac había señalado la contradicción del gobierno nacional al designar como director ejecutivo de la ANMac al abogado Eugenio Cozzi, experto tirador y ferviente defensor del uso de armas de fuego. En ese momento, Marcenac recordó que Cozzi fue miembro de entidades que “salvando las distancias, son similares a la Asociación del Rifle de los Estados Unidos”, que hace la apología del uso de las armas de fuego.