Finalmente, el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía otorgó las concesiones para exploración de petróleo off shore en el Mar Argentino, lo que desencadenó un escándalo con consecuencias judiciales.

El tema es que según afirmó el gobierno de Tierra del Fuego, petroleras británicas vinculadas a la violación de la soberanía de las Islas Malvinas se vieron beneficiadas con las concesiones otorgadas por Cambiemos.

Una de ellas es Equinor, la cual se desempeñará a pocos kilómetros de las costas necochense, más precisamente en la Cuenca Argentina Norte, en el área 102 y 114, regiones que circundan la Costa Atlántica bonaerense hasta Río Negro. Dicho capital es noruego y tiene dentro de su directorio a una ex asesora de la administración isleña, que también trabajó para Tullow, otra de las beneficiarias, en la planificación del plan de desarrollo offshore en Malvinas. Mientras que la británica Tullow operó ilegalmente siete áreas al sur de las islas en el 2007.

El Concurso otorgó nueve áreas a repartirse entre ExxonMobil, Qatar Petroleum, Pluspetrol, Wintershall, YPF, Total, ENI, Tecpetrol, Mitsui, Equinor y Tullow. Pero el problema es que las últimas dos habrían violado la ley 26.659 que prohibe ser parte de una licitación a empresas que hayan trabajado para el gobierno kelper.

La situación no pasó desapercibida por la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, quien presentó ante la Justicia una acción de amparo para dejar sin efecto el acto de adjudicación de las áreas de exploración.

"Sumado a la peligrosidad que implica que empresas británicas hayan sido adjudicatarias de áreas de exploración en cercanía a las Islas Malvinas, la decisión de interponer esta presentación judicial es fundada en el riesgo que estas actividades supondrán para la industria pesquera y los recursos naturales argentinos y en la arbitrariedad manifiesta en la omisión de llevar a cabo los estudios de impacto ambiental exigidos por la legislación vigente", indicaron los fueguinos.