El funcionario indicó que “esta en particular, y que deberían pagar las agroexportadoras, es por el uso de la infraestructura asfáltica, porque es sabido que el lógico ida y vuelta de los caminos destroza el asfalto, entre otro sinnúmeros de consecuencias que se suceden”.

Para continuar, Gygli enfatizó que “se negaron a pagarla siempre, y eso que tuvimos diálogo con diferentes actores, tanto acá como en Buenos Aires, para llegar a buen puerto y que el municipio pudiera percibir esa suma que deben”.

Y amplió: “En definitiva, tuvimos que recurrir a la justicia, y estábamos obligados  a hacerlo porque si no caíamos en un incumplimiento como funcionarios públicos porque se trata de una obligación por ley”.

En cuanto al futuro legal, afirmó que “una vez que paguen se habrá extinguido la obligación” para reconocer que “la voluntad o la falta de voluntad en el pago ya quedó expresada en las declaraciones de la época, en la que las exportadoras han tenido siempre la misma conducta de tratar de no pagar”.

“La Justicia va a actuar en consecuencia y ajustada a derecho, porque si existió una ordenanza vigente no hay motivo para que no se cumpla”, advirtió luego, al tiempo que admitió que “acá hubo una decisión política que tomamos desde el municipio. Y hay que saber que queremos que cada uno cumpla con sus obligaciones, los vecinos y las empresas”.