La Corte Suprema de Tucumán dictaminó por unanimidad la absolución de Belén. La joven había acudido al hospital con un aborto espontáneo y fue acusada por los médicos que la atendieron de habérselo provocado, tras lo cual la justicia la condeno a ocho años de prisión por “homicidio agravado por el vínculo”.

El caso se dio a conocer públicamente en agosto del 2016, a partir de que organizaciones sociales comenzaron a reclamar por su libertad y organizaron una marcha nacional que fue impactante por su contundencia y masividad en muchas ciudades del país.

Es así que, el caso de Belén se transformó en un caso testigo, no sólo porque deja a la vista cómo el machismo y la discriminación se encuentran arraigados en las instituciones del Estado y en la sociedad, sino también porque queda demostrado que solo gracias a la lucha del movimiento de mujeres y del conjunto de las organizaciones sociales se logra justicia.

Belén estuvo presa dos años sin una condena firme por un delito que no había cometido. Los médicos que la asistieron no respetaron el secreto profesional, la sometieron a interrogatorios acusatorios desde el inicio, la humillaron y violaron sus derechos como mujer, y luego eso fue avalado por la Justicia.

Esto se encuentra atravesado por la desigualdad y la opresión en una sociedad en la que ser mujer y pobre es una marca que habilita la criminalización, la sospecha, el silencio de las voces feminizadas y la violencia.

Es por eso que frente a esta realidad adversa, la absolución de Belén es un gran triunfo de los movimientos feministas y de mujeres, quienes además proclaman que aún queda un largo camino por recorrer para erradicar las violencias hacía las mujeres, para lograr el pleno derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y para que ninguna mujer más muera por abortos clandestinos.