El recorte de estos contratos, que afecta a profesionales de la salud y la educación que formaban parte del ENIA, ha generado preocupación en todo el país. Entre quienes se ven afectados se encuentran consejeros en salud integral que han sido una pieza fundamental en la atención y prevención del embarazo adolescente en diferentes comunidades.
El gobierno ha comunicado que este recorte forma parte de un "rediseño" del plan, enfatizando que se trata de una medida para "ordenar" el programa y delegar responsabilidades a las provincias. Sin embargo, las provincias expresan preocupación sobre su capacidad para mantener los servicios, especialmente en un contexto económico desafiante.
La incertidumbre se agrava ante la falta de claridad sobre cómo se financiará y operará el plan en el futuro. Si bien desde el gobierno se afirma que se continuará con el desarrollo del ENIA a través del Ministerio de Salud de la Nación, las dudas persisten sobre la viabilidad y efectividad del programa en ausencia de estos contratos.
La preocupación por el futuro del ENIA se refleja en diversas voces, incluidas organizaciones de la sociedad civil y representantes de la oposición, quienes exigen explicaciones y buscan garantizar la continuidad de un programa que ha demostrado ser efectivo en la prevención del embarazo adolescente no deseado.
En este contexto, queda latente la importancia de políticas públicas integrales y sostenidas en el tiempo para abordar desafíos sociales como el embarazo adolescente, que impactan directamente en la salud y el bienestar de las adolescentes y sus comunidades.