La sentencia, parte de una causa iniciada en 1999 por el colectivo Memoria Activa y patrocinada por el CELS, destaca que el Estado argentino reconoció su culpabilidad en 2022 por violaciones de derechos y por haber subordinado la justicia a los servicios de inteligencia, así como por proteger a los acusados.
Entre las medidas ordenadas por la Corte, se destaca la apertura de los archivos de inteligencia relacionados con el caso y la entrega de toda la información recolectada. Además, se exige al Estado argentino que elimine los obstáculos que han contribuido a la impunidad en este caso y que reabra o impulse nuevas investigaciones para identificar y sancionar a los responsables.
El fallo subraya que las deficiencias en la investigación original del atentado han perpetuado una situación de impunidad que no solo viola el derecho a la justicia de las víctimas y sus familias, sino que también facilita la repetición de actos violentos.
En palabras de los jueces de la Corte, "Argentina incurrió en una falta grave a su deber de investigar uno de los mayores atentados terroristas en la historia de la región. Las maniobras de encubrimiento por parte de agentes estatales han generado un nuevo deber del Estado de investigar y sancionar a los responsables de este encubrimiento, un deber que no ha sido cumplido de manera diligente ni en un plazo razonable".
La Corte también ha dispuesto una serie de medidas específicas que el Estado argentino deberá implementar en los próximos dos años, bajo supervisión continua para garantizar su cumplimiento integral.
Este fallo, leído por la presidenta de la Corte, Nancy Hernández López, marca un hito en la búsqueda de justicia para las víctimas del atentado a la AMIA y establece un precedente importante en materia de derechos humanos en la región.