Las fuerzas militares, incluyendo vehículos blindados, se desplegaron en los alrededores del palacio presidencial, forzando la puerta principal y entrando al edificio. Sin embargo, tras la rápida respuesta del gobierno y la condena del máximo tribunal de justicia del país, se logró restablecer el orden y se ordenó la desmovilización de las tropas.
El presidente Arce, en un mensaje público, afirmó que la democracia debe ser respetada y denunció las acciones como movilizaciones irregulares por parte de algunas unidades del Ejército Boliviano. Al mismo tiempo, llamó a la calma y la defensa de las instituciones democráticas del país.
Evo Morales, por su parte, convocó a través de redes sociales a una movilización nacional en defensa de la democracia, declarando un paro general indefinido y bloqueo de caminos. Morales acusó a ciertos grupos militares de preparar el golpe de Estado con anticipación, señalando específicamente al Grupo del Regimiento Especial de Challapata "Mendez Arcos" por tomar la Plaza Murillo con francotiradores.
La situación ha generado tensiones en Bolivia, con llamados a la calma por parte de líderes políticos y la comunidad internacional, mientras el gobierno trabaja en restablecer la normalidad y la seguridad en el país.
En respuesta a la crisis desatada por Zúñiga, el presidente Arce tomó juramento a una nueva cúpula militar para restablecer el orden. Mientras tanto, el Palacio de Gobierno en La Paz se mantuvo fuertemente resguardado.
El intento de golpe liderado por Zúñiga puso a prueba la fortaleza de la democracia boliviana y la capacidad de sus instituciones para mantener la estabilidad.