Los jubilados en Argentina se movilizan en respuesta al reciente veto presidencial que rechaza el aumento de las prestaciones sociales. Mientras en Buenos Aires se organiza una marcha desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, en Necochea se convoca a un cacerolazo en 59 y 64 para expresar el descontento con las políticas gubernamentales que afectan a los adultos mayores.
En Buenos Aires, la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJL) ha convocado a una marcha para mañana, miércoles 28 de agosto. La movilización comenzará a las 15:00 desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. La protesta surge en respuesta al anuncio del presidente Javier Milei de vetar la ley de aumento de jubilaciones sancionada por el Congreso la semana pasada.
Ana Valverde, referente de la UTJL, explicó que la protesta busca defender la ley, a pesar de que reconoce que “no es la mejor”. Valverde destacó la necesidad de ajustar el valor del haber mínimo a la canasta del adulto mayor, calculada actualmente en 900 mil pesos, frente a los 370 mil pesos que contempla la ley sancionada, la cual solo cubre alimentos y no otros gastos esenciales como aseo personal, ropa y medicamentos.
Valverde subrayó que muchos jubilados viven con pensiones de alrededor de 225 mil pesos, lo que los coloca “al borde de la pobreza” y cerca de “la indigencia total”. La marcha de mañana pretende ser una manifestación visible de descontento y demanda de justicia económica para los jubilados, con un llamado a sindicatos, estudiantes y otras organizaciones para que se sumen al reclamo.
En Necochea, la respuesta al veto presidencial se materializa en un cacerolazo convocado para mañana a las 16:00 en la intersección de Av. 59 y esquina 64. Bajo el lema “No al veto de Milei y Macri a la movilidad jubilatoria”, los organizadores instan a los ciudadanos a participar con cacerolas y pancartas. La convocatoria denuncia las “políticas hambreadoras” del gobierno, el ajuste y la criminalización de la protesta, y exige la libertad de los compañeros detenidos por luchar.
Ambas acciones reflejan el descontento entre los jubilados y sectores de la sociedad frente a las políticas del gobierno actual, y la determinación de los grupos afectados por la reciente decisión presidencial.