La fiscalía, liderada por Marcos Bendersky, había solicitado previamente una pena de 35 años de prisión para ambos. Finalmente, Gavilán fue sentenciado a 19 años de prisión por una serie de delitos aberrantes que incluyen abuso sexual simple triplemente calificado, abuso sexual con acceso carnal triplemente calificado, y promoción y facilitación de corrupción de menores agravado. Estos crímenes fueron cometidos contra los hijos de quien era su pareja en ese momento. El tribunal revocó su prisión domiciliaria, a la que había accedido por problemas de salud, ordenando su traslado a una unidad penitenciaria.
Por otro lado, Alegre fue condenado a 11 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante. Estos abusos se perpetraron de manera reiterada entre 2013 y 2017 contra una de las menores, y se reveló que Alegre había comenzado a frecuentar la casa de Gavilán bajo el pretexto de leer la Biblia.
Además, el tribunal respaldó el pedido de la Asesora de Menores, instando a investigar posibles delitos de acción pública por parte de la madre de los menores, sugiriendo que podría haber habido complicidad o negligencia que permitió que estos actos horrendos sucedieran.
Este fallo no solo representa un avance hacia la justicia para las víctimas, sino que también subraya la necesidad de una mayor protección y conciencia en torno al abuso infantil en nuestra comunidad.
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