El Gobierno busca "blindar" patrimonios y eleva a $100 millones el piso para investigar evasión

El Gobierno Nacional presentó este jueves en la Cámara de Diputados el proyecto de "Ley de Principio de Inocencia Fiscal", una iniciativa que, según el Ministerio de Economía, busca modificar el Régimen Penal Tributario y facilitar el uso de dinero no declarado en la economía formal. La propuesta, que ya genera expectativas y debate, fue detallada en conferencia de prensa por el Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, y el Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, José Luis Espert.

Flexibilización de umbrales y plazos de prescripción

Uno de los puntos más relevantes de la nueva ley es el aumento drástico de los montos mínimos para la investigación de delitos de evasión. Según explicó Juan Pazo, el piso para que el Estado investigue una evasión simple pasará de $1.500.000 a $100.000.000. Para la evasión agravada, el monto se eleva de $15.000.000 a $1.000 millones de pesos. Pazo estimó que esta modificación reduciría de 7 mil a apenas 200 las causas abiertas en el fuero penal tributario, "las que implican una evasión real y significante”.

Además, la iniciativa reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años, siempre que las declaraciones juradas hayan sido presentadas en tiempo y forma. ARCA no iniciará acciones penales si se cancelan las deudas e intereses, un beneficio aplicable una única vez por contribuyente. Si la denuncia aún no está radicada, quedará extinguida si el contribuyente salda sus obligaciones con un pago adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles de la notificación. Pese a esta flexibilidad, se aumentarán los montos de las sanciones económicas por la presentación de declaraciones juradas fuera de término.

El nuevo régimen simplificado: "Blindaje" patrimonial y debates

Otro eje central de la propuesta es la creación de un Régimen Simplificado de Ganancias, que promete "blindar para siempre" a los contribuyentes que adhieran. Este régimen, con un tope patrimonial de hasta $10.000 millones de pesos, garantizará a los adherentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales ni se controlarán sus consumos.

Juan Pazo detalló que a los adherentes, ARCA "le calculará su monto a pagar de impuesto a las ganancias solo por lo facturado durante ese ejercicio fiscal, sin importar cuánto haya aumentado su patrimonio ni su consumo personal durante ese periodo”. El objetivo, según Pazo, es "garantizar que ningún gobierno del futuro podrá perseguirlos por su situación patrimonial pasada".

Unificación de plazos y reducción en seguridad social

El proyecto también prevé la unificación de los plazos de prescripción en materia tributaria provincial, municipal y de CABA, los cuales se regirán por la Ley Nacional de Procedimiento Fiscal, eliminando los poderes locales para regir en la materia.

En lo que respecta a la seguridad social y obras sociales, se busca reducir el plazo de prescripción de 10 a 5 años, lo que significa que el fisco tendrá la mitad del tiempo para reclamar por obligaciones no cumplidas. Adicionalmente, se extinguen las acciones penales iniciadas por ARCA contra los contribuyentes en materia de seguridad social más allá de este nuevo plazo.

El argumento oficial: de la "persecución" a la "inocencia"

José Luis Espert contextualizó la iniciativa al afirmar que "durante décadas, la combinación de un sistema impositivo asfixiante, controles de cambios e inflación alta empujaron a millones de argentinos a la informalidad y la evasión impositiva”. Según Espert, este proyecto representa un cambio de paradigma, pasando de un "régimen persecutorio... donde todos éramos culpables, y pasaremos a un régimen de enfoque recaudatorio donde todos somos inocentes salvo que ARCA demuestre lo contrario”.

El diputado subrayó que el objetivo es “blindar al ciudadano de bien que ahorró y preservó su ahorro del descalabro de la casta política, para que tenga la posibilidad de formalizar ese ahorro sin que lo persiga el fisco”. Espert instó a los legisladores a acompañar el proyecto, marcando la elección entre "acompañar y permitir que los argentinos sean libres y normalicen su situación patrimonial” u oponerse y condenar a la gente "a la informalidad y a la evasión”.