Milei activa la motosierra: firmó decretos que eliminan programas y fusionan organismos estratégicos

En su retorno a la agenda oficial tras una gira por Europa, el presidente Javier Milei firmó una serie de decretos que continúan profundizando su ajuste económico y su estrategia de desregulación. Con el vencimiento de las facultades delegadas del Congreso a la vuelta de la esquina, el mandatario aceleró la puesta en marcha de medidas clave que marcan un antes y un después en la política económica de su gobierno.

Desmantelando programas sociales: el fin del Fideicomiso Hogar
Uno de los decretos más polémicos es el Decreto 415/25, que disuelve el Fideicomiso Individual PPP Red de Autopistas y Rutas Seguras (PPP RARS), creado en 2018 pero sin contratos vigentes desde 2020. Lo que ha generado aún más controversia es la eliminación del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP, fundamental para la distribución de garrafas de gas entre las familias más vulnerables del país. Aunque el gobierno asegura que el Ministerio de Economía tomará la posta, el futuro de este programa de asistencia es incierto.

Eliminación de regímenes de promoción regional
El Decreto 408/25 representa un golpe para las economías regionales. Este conjunto de medidas derogó cinco regímenes de promoción y desarrollo de sectores clave como la ganadería ovina, la producción de gusano de seda, y la actividad caprina en zonas áridas. El gobierno justifica estas medidas como parte de su plan para desregular el comercio y la industria, pero las consecuencias para pequeñas y medianas empresas en áreas vulnerables son claras: se eliminan incentivos para sectores productivos en los que muchas provincias dependen para su sostenibilidad económica.

Fusión de organismos y concentración de poder
Otra de las decisiones más discutidas fue la fusión del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) con el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), que centraliza funciones y elimina un organismo independiente. La medida fue criticada por especialistas en prevención sísmica, quienes alertan que la absorción del INPRES por un organismo del área minera podría generar un desajuste en la gestión de recursos destinados a la prevención de desastres naturales. Además, el Instituto Nacional del Agua (INA), ahora dependiente de Obras Públicas, pierde su autonomía, lo que podría complicar la gestión de los recursos hídricos en un país con constantes problemas de sequías y crisis de agua.

Desregulación y derogue de leyes
El Decreto 410/25 eliminó la Ley 17.606, que establecía un registro obligatorio para establecimientos de producción y venta de plantas, y regulaba su cumplimiento sanitario. Con esta derogación, se elimina una normativa que muchos consideran esencial para proteger la salud pública y garantizar el control en la comercialización de productos agrícolas.

El gran ajuste sigue su curso
Las medidas adoptadas por el presidente Milei no solo profundizan su modelo de reducción del gasto público y flexibilización de sectores productivos, sino que también revelan un claro objetivo de centralización del poder y desmantelamiento de estructuras públicas que, según analistas, podrían tener efectos nocivos a largo plazo, sobre todo en las comunidades más desfavorecidas.

¿El fin del Estado social?
Si bien el gobierno justifica estas decisiones como necesarias para optimizar los recursos y garantizar una administración más eficiente, las voces críticas señalan que estas reformas afectan de manera directa a los sectores más vulnerables, eliminando programas esenciales y reduciendo las capacidades de prevención y respuesta ante desastres naturales. La falta de transparencia y el ausente diálogo con los sectores afectados dejan en claro que el proceso de reforma del gobierno podría tener más sombras que luces.