En declaraciones a la prensa, Rizzo subrayó que la medida pone en riesgo a 10.000 afiliados que anteriormente recibían atención en el hospital público. “Lo que estamos tratando, como decía el compañero, es entender qué pasó, por qué pasó, de dónde viene la decisión, para poder buscar alguna forma de revertirla”, señaló. En su opinión, la clínica privada Cruz Azul no tiene la capacidad para absorber a esa cantidad de pacientes en un corto plazo, lo que generará un desajuste significativo en la atención sanitaria local.
“Esa gente se va con sus recursos al sector privado, pero seguirán atendiéndose en el hospital porque es difícil que el sector privado tenga la respuesta inmediata para atender a 10.000 personas. Todo eso genera un desajuste en la salud de la comunidad”, agregó Rizzo.
Además de las implicaciones para la atención de los pacientes, Rizzo destacó cómo esta decisión afectará también a los trabajadores del hospital, ya que parte de los recursos que PAMI destinaba al hospital público ayudaban a mejorar los salarios de los profesionales de la salud. “Parte de los recursos que PAMI ponía en el sistema público, se repartían entre los trabajadores, haciendo que los magros sueldos públicos mejoraran un poco por atender a tal cantidad de pacientes de PAMI”, explicó.
Para Rizzo, esta medida no solo afecta a un sector vulnerable de la sociedad, sino que también impacta en los ingresos de quienes brindan atención médica en el hospital, que ahora verán una reducción de esos recursos complementarios.
Durante la reunión con el intendente Arturo Rojas, los gremios expresaron su descontento con la forma en que se tomó esta decisión, calificándola de “arbitraria y repentina”. El intendente Rojas coincidió con la preocupación de los gremios, señalando que el traspaso de las cápitas de PAMI a la clínica privada es un perjuicio económico tanto para los trabajadores como para los afiliados.
“El intendente coincide con nosotros en que esto ha sido de manera muy arbitraria y repentina, y genera un perjuicio económico, nosotros creemos también que hay una cuestión política, si bien no se puede comprobar, pero se nota. Los que por lo menos andamos en el ruedo entendemos que esto es una cuestión política para financiar al Estado público y beneficiar a algunos privados”, manifestó Gastón Díaz, del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), quien también participó de la reunión.
Rizzo concluyó que tanto los gremios como el Ejecutivo coinciden en que la reacción de los afiliados de PAMI y de la comunidad será clave para frenar o al menos mitigar el impacto de esta medida. “Lo que esperamos es que la reacción de los afiliados de PAMI y la comunidad en general genere alguna resistencia a este traspaso, para que el impacto no sea tan grande”, dijo.
Los gremios, con el respaldo del Ejecutivo municipal, esperan que la presión social logre modificar la situación o, al menos, reducir los efectos negativos de este cambio en la atención sanitaria de Necochea.