El presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin, destacó que esta situación representa “la peor intoxicación medicamentosa en la Argentina desde la creación de la ANMAT”. El diputado Pablo Juliano añadió: “Nadie investiga, no hay un solo responsable en la cadena de compra y distribución, ni en los permisos otorgados al laboratorio que provee esta droga”.
Los lotes contaminados, identificados como 31202 y 31.244, producidos a mediados de diciembre de 2024, fueron distribuidos a hospitales de todo el país y llegaron a pacientes desde el 7 de abril de 2025, provocando fallecimientos incluso en personas de bajo riesgo quirúrgico. La contaminación incluyó bacterias Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae, y se confirmó que ninguna ampolla fue administrada a pacientes tras la incautación completa.
La investigación judicial en La Plata, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, reveló que las autoridades no registran de manera oficial los casos graves o fatales, limitándose a los informes que llegan de familiares o sanatorios privados. Esto pone en evidencia una deficiencia crítica en la supervisión del Estado nacional, donde los pacientes y sus familias han quedado en la incertidumbre sobre el verdadero alcance de la crisis.
El hermano de una de las víctimas, Alejandro Ayala, denunció: “Hay encubrimiento total. Acá hay un interés político, un interés del narcotráfico y de personas que no quieren que hablemos… no nos vamos a callar: vamos a ir hasta las últimas consecuencias”.
Documentos oficiales muestran que la ANMAT detectó fallas graves en inspecciones desde noviembre de 2024, pero permitió que la producción continuara hasta febrero de 2025. Entre las deficiencias se incluyen problemas de validación de procesos, control de calidad insuficiente y mala gestión de recursos humanos.
La magnitud de la crisis sanitaria evidencia la irresponsabilidad del Gobierno nacional, cuya falta de regulación y supervisión expuso a cientos de personas a un riesgo letal, mientras que las alertas se emitieron solo tres meses después de los primeros fallecimientos en hospitales de Rosario.
La situación mantiene en alerta a legisladores y a la ciudadanía, con pedidos de informes que buscan esclarecer la responsabilidad del Estado nacional, ANMAT y Ministerio de Salud, así como de los laboratorios implicados, y garantizar medidas que eviten que una tragedia similar se repita.