Durante ese día, miles de seguidores de Bolsonaro asaltaron violentamente las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia: la presidencia, el Parlamento y la Corte Suprema. La intención de esta turba bolsonarista era impedir la toma de posesión de Lula, interrumpiendo así el proceso democrático.
El fallo fue emitido por la Primera Sala del máximo tribunal brasileño con una mayoría contundente de cuatro votos contra uno, y también condenó a otros siete acusados, entre ellos exministros y altos mandos militares en retiro. El juez relator, Alexandre de Moraes, definió a Bolsonaro como el “líder” de una “organización criminal” dedicada a conspirar para impedir que Lula asumiera el poder legítimamente tras ganar las elecciones de octubre de 2022.
Según la acusación y el fallo, la conspiración comenzó en junio de 2021 con una intensa campaña de desprestigio dirigida por Bolsonaro contra las instituciones democráticas y el sistema electoral brasileño. Este ataque incluyó discursos, desinformación y acciones coordinadas para erosionar la confianza en la democracia.
El punto culminante de esta estrategia fue el violento asalto a las sedes gubernamentales el 8 de enero de 2023, donde manifestantes de ultraderecha intentaron tomar el control de los poderes del Estado mediante la fuerza.
El tribunal condenó a Bolsonaro y sus cómplices por delitos graves, entre ellos:
Abolición del Estado democrático de derecho
Organización criminal
Deterioro del patrimonio protegido
Daño calificado
Golpe de Estado
La pena máxima prevista para estos delitos podría haber alcanzado los 43 años, pero el tribunal la redujo teniendo en cuenta la edad y problemas de salud de Bolsonaro.
El juez Luiz Fux fue el único en votar en contra de la condena, argumentando que no existían pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad penal más allá de toda duda razonable. Fux defendió que discursos y entrevistas no pueden ser tratados como acciones subversivas ni como conspiración criminal.
Por su parte, Bolsonaro, quien se encuentra bajo arresto domiciliario por problemas de salud desde agosto, no participó en las audiencias del tribunal.
La condena provocó fuertes reacciones tanto a favor como en contra:
Los hijos de Bolsonaro, Flávio y Eduardo, rechazaron el fallo, calificándolo de “persecución política” y anunciaron que no aceptarán la sentencia y lucharán “hasta el fin”.
El presidente Lula da Silva celebró la condena como una “fiesta para la democracia” y aseguró que existen cientos de pruebas que confirman el intento de golpe.
Sectores de la oposición y simpatizantes de Bolsonaro organizaron protestas en rechazo a la sentencia.
Con esta condena, Bolsonaro queda inhabilitado políticamente de por vida, enfrenta un mandato de prisión en régimen cerrado y mantiene abiertas otras investigaciones por supuestas irregularidades y desinformación.
Mientras tanto, en el Congreso brasileño, sectores de derecha impulsan un proyecto de ley que podría otorgar una amplia amnistía no solo para Bolsonaro sino para otros implicados en los hechos de enero de 2023, lo que añade un nivel de incertidumbre política.
Este episodio pone en evidencia la profunda polarización política y social en Brasil y tiene repercusiones en toda América Latina, incluyendo ciudades como Necochea, donde la defensa de la democracia y el respeto a las instituciones son temas centrales en la agenda ciudadana.