"Como trabajadoras y trabajadores de prensa no podemos permitir que se expresen – en especial en casos tan sensibles – conclusiones y conceptos que revictimizan a las adolescentes asesinadas y a sus familias. No hay buenas o malas víctimas. Nuestro trabajo es informar, no juzgar", remarcaron.
Además, subrayaron que los discursos violentos construyen y legitiman la violencia, y que la prensa influye directamente en la percepción social:
"Somos conscientes de que lo que se dice en los grandes medios de comunicación influye masivamente en las audiencias… Justicia para Lara, Brenda y Morena".
El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) destacó que, aunque la calificación legal del crimen corresponde a la justicia, toda muerte violenta de una mujer debe investigarse como femicidio.
"Es la única forma de trabajar desde el inicio analizando el contexto, preservando las pruebas, asegurando la coordinación institucional, protegiendo el derecho de las víctimas y sus familias y siguiendo todas las líneas de investigación", explicaron.
El ELA recordó que esta metodología permite considerar ensañamiento, antecedentes de abuso, violencia sexual o desigualdad estructural, y así determinar si el crimen ocurrió en el marco de violencia de género.
Los especialistas señalaron que la prensa debe:
No poner en duda la existencia de femicidio; la justicia determinará la calificación legal.
Evitar responsabilizar a las víctimas, sin importar sus acciones previas al hecho.
Reconocer factores de vulnerabilidad, como juventud, desigualdad de género, territorio y criminalidad organizada.
Considerar que la violencia de género comienza mucho antes del crimen, y no atenderla equivale a justificar la ausencia del Estado.
"Negar la posibilidad de investigar desde la perspectiva de género es invisibilizar una dimensión clave de la violencia que atraviesan las mujeres", subrayaron desde el ELA.
Los datos oficiales y de organizaciones especializadas evidencian la magnitud del problema:
Cada 35 horas una mujer es víctima de femicidio en Argentina.
En 2024 hubo 247 víctimas, y hasta agosto de 2025, 164 casos y 143 hijas e hijos quedaron sin madre, más de la mitad menores de edad.
Entre 2020 y 2025 se registraron 196 feminicidios vinculados al narcotráfico, 128 en Rosario.
La crisis económica agrava la situación: 38,1% de la población argentina es pobre, y seis de cada diez son mujeres.
El ELA advirtió sobre la reducción de recursos y programas de asistencia:
El Programa Acompañar redujo en 98,72% la cantidad de mujeres asistidas.
Los servicios de asesoramiento jurídico gratuito disminuyeron en presupuesto y alcance.
La Línea 144 perdió 41% del personal en 2025 respecto a 2024, y no cuenta con presupuesto específico.
El sistema de medición nacional dejó de relevar información sobre violencia de género.
"No se puede abordar un fenómeno tan complejo sin información, recursos materiales y humanos formados. Invisibilizar la violencia no la elimina: solo abandona a las víctimas, debilita la investigación judicial y justifica la ausencia de políticas de prevención y protección", concluyó el ELA.