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Uruguay legaliza la eutanasia: cómo funciona y qué países de América Latina permiten la muerte asistida - Noticias de Necochea

POLíTICA | 16 OCT 2025

MUERTE DIGNA

Uruguay legaliza la eutanasia: cómo funciona y qué países de América Latina permiten la muerte asistida

Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en aprobar la eutanasia por ley, tras cinco años de debate parlamentario. La normativa regula los requisitos para acceder a la muerte asistida y abre el debate sobre derechos y dignidad en la región.




Este miércoles, Uruguay dio un paso histórico al legalizar la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, convirtiéndose en el primer país latinoamericano en aprobar esta práctica mediante ley. El Senado uruguayo sancionó la Ley de Muerte Digna tras un debate de más de diez horas, con 20 votos a favor y 11 en contra, cerrando un proceso legislativo que se extendió por cinco años y que atrajo la atención de múltiples sectores de la sociedad.

La ley permite que adultos psíquicamente aptos, en etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible, o que padezcan sufrimientos insoportables, puedan solicitar la eutanasia. El procedimiento debe ser realizado por un profesional de la salud y cumplir con controles médicos y legales estrictos, incluyendo instancias de evaluación previas y la expresión de la voluntad del paciente por escrito.

“El proceso final de la vida con sufrimiento insoportable no es un delito”, afirmó el senador Daniel Borbonet, del Frente Amplio, durante la votación. La iniciativa contó con el respaldo de toda la coalición de izquierda del Frente Amplio, así como de legisladores de los partidos Colorado y Nacional, mientras que sectores conservadores y católicos expresaron su rechazo por razones éticas y religiosas.

El respaldo social también fue notable: según la consultora Cifra, el 62% de los uruguayos estaba a favor de la ley, mientras que solo el 24% se manifestó en contra. Para los impulsores del proyecto, la normativa representa un paso más en la tradición progresista del país, que ya aprobó leyes sobre matrimonio igualitario, aborto y cannabis.

Casos emblemáticos en Uruguay

Varios pacientes uruguayos acompañaron la discusión y se convirtieron en referentes del debate. Beatriz Gelós, de 71 años y con más de dos décadas conviviendo con ELA, expresó antes de la votación: “Es una ley de compasión, muy humana, muy bien redactada. Llegó el momento”.

Otro caso es el de Pablo Cánepa, de 39 años, que sufre una enfermedad rara e incurable y que solicitó la eutanasia tras años de intenso sufrimiento. Su madre, Mónica Cánepa, resumió la situación: “Pablo no está viviendo. No es vida esto que tiene”. Su hermano, Eduardo, destacó que la aprobación fue un verdadero alivio para la familia.

América Latina: situación comparada

Aunque Uruguay es pionero en aprobar la eutanasia por ley, otros países latinoamericanos han avanzado mediante fallos judiciales:

Contexto internacional

Uruguay se suma a un grupo reducido de países que regulan la eutanasia, entre ellos España, Países Bajos, Bélgica, Canadá, Suiza y Estados Unidos (en algunos estados). En estos países, la práctica incluye requisitos estrictos sobre sufrimiento físico o psíquico, consentimiento informado y supervisión médica.

Por ejemplo, España permite la eutanasia desde 2021 únicamente a personas con enfermedad grave, crónica e incurable que cause “sufrimiento intolerable”. Suiza, pionera en 1942, permite que extranjeros accedan a la eutanasia a través de organizaciones como Dignitas, y Canadá ha regulado la muerte asistida desde 2016, ampliando en 2021 el derecho a quienes sufren dolencias insoportables por enfermedades irreversibles.

Un debate con garantías y seguridad jurídica

La ley uruguaya busca brindar garantías a pacientes y médicos, respetando la voluntad de los adultos que deciden terminar con su sufrimiento, y asegurando procedimientos claros y supervisados. Organizaciones médicas, como el Colegio Médico de Uruguay, colaboraron en el proceso para garantizar la seguridad de la práctica, aunque no emitieron postura institucional sobre su aprobación.

El debate reflejó también la división social: sectores religiosos y conservadores manifestaron preocupación por los riesgos éticos y morales, mientras que defensores del proyecto destacaron que se trata de un avance humano, progresista y legalmente sólido.