Indignación en Tandil: un represor acusado por delitos de lesa humanidad se presentó como fiscal de LLA

Héctor Alberto Mangudo, ex oficial de la Policía Bonaerense que estuvo imputado por delitos de lesa humanidad, se presentó este domingo 26 de octubre como fiscal de La Libertad Avanza (LLA) en la mesa 82 de la Escuela Secundaria N°1 de Tandil, durante las elecciones legislativas 2025. Su presencia provocó indignación entre votantes y familiares de víctimas del terrorismo de Estado.

Mangudo se desempeñó en la comisaría 1° de Tandil entre 1973 y 1983, período por el cual fue acusado de participar en la persecución, tortura y privación ilegal de la libertad de detenidos políticos. En el marco del Juicio “La Huerta”, la fiscalía había solicitado una condena de 8 años y 6 meses de prisión, considerándolo coautor penalmente responsable de tormentos agravados y violencia física y amenazas contra sus víctimas, entre ellas Mario Isidro Bastianelli y Lidia Queiruga.

Sin embargo, el pasado viernes, apenas 48 horas antes de la jornada electoral, el Tribunal Oral Federal N°1 de Mar del Plata lo absolvió junto a otros 26 ex represores que actuaron en 14 centros clandestinos de la zona centro de la Provincia. En la misma sentencia, se dictaron ocho condenas, cuyos fundamentos se conocerán el próximo 19 de diciembre.

La aparición pública de Mangudo en una escuela tandilense generó reacciones inmediatas. Una vecina que acudió a votar en la misma mesa señaló: “Es una provocación, se siente impune, pero más allá del fallo se probó su participación y se reconoció que los delitos son de lesa humanidad. Repudiable tener que verlo en este día democrático, todo lo contrario a lo que representa Mangudo, un genocida”.

Organismos de derechos humanos y familiares de víctimas expresaron su rechazo ante la situación, interpretando la presencia de un ex uniformado imputado por crímenes de lesa humanidad en una jornada electoral como un gesto de impunidad y provocación.

El hecho se suma a la discusión sobre la memoria y los derechos humanos en la región, en un contexto donde la sociedad y los organismos especializados continúan reclamando justicia y preservación de la memoria histórica de los crímenes de la última dictadura cívico-militar.