OPINIóN | 18 NOV 2025
NO CUIDAN, DENUNCIAN
Criminalización e indignación: la Policía denunció una pegatina tras los reclamos en el Complejo Educativo Jesuita Cardiel
La denuncia policial por una pegatina encendió la indignación en la comunidad educativa y abrió un nuevo debate sobre la criminalización del reclamo social. El hecho ocurrió tras la masiva protesta por seguridad en el Jesuita Cardiel, un predio con antecedentes de abandono, inseguridad e intentos de abuso que vuelve aún más cuestionada la reacción de las fuerzas.
Una denuncia que apunta a quienes reclaman, no a quienes los ponen en riesgo
En medio de las protestas por mejores condiciones para estudiar y trabajar en el Complejo Jesuita Cardiel, las fuerzas de seguridad decidieron denunciar una pegatina realizada por estudiantes durante la jornada de reclamo.
La presentación fue radicada el 7 de noviembre en la UFI Nº20, bajo la carátula de “daños”, solicitando investigar y dar con los responsables de haber pegado afiches con engrudo en las paredes de la dependencia policial situada en el ingreso al predio.
El escrito sostiene que en horas de la madrugada se toma conocimiento que personas NN habrían colocado papeles de protesta en el frente del lugar, acción que se describió como acto de vandalismo, pese a que se trata de una intervención contravencional y no un delito penal. La pegatina es, históricamente, una herramienta elemental de reclamo social.
Consultadas fuentes judiciales aún no hay movimientos posteriores a la denuncia, ni el poder judicial dictó ninguna medida, posiblemente pase a archivarse o en el peor de los casos proceda configurandose en otro hecho de persecusión estudiantil.
Una fuerza que denuncia papeles, pero no garantiza seguridad
La denuncia contrasta con el estado del predio:
falta de iluminación, vidrios rotos, robos reiterados, ataques nocturnos, abandono edilicio y, en años recientes, intentos de abuso contra estudiantes que dejaron un fuerte alerta en la comunidad.
En un sitio donde el Estado debería reforzar su presencia y prevención, la reacción oficial se centró en perseguir un recurso básico de visibilización del reclamo.
Temor, advertencias y un intento de disciplinamiento
NdeN pudo confirmar que la existencia de la denuncia circuló como rumor durante la semana posterior a la movilización, generando temor, desconcierto e impotencia entre estudiantes y docentes.
Además, algunos referentes del centro de estudiantes del Instituto 31 recibieron advertencias sobre su participación, debido a sus vínculos laborales con el Estado municipal, lo que los llevó a retroceder en su nivel de exposición pública.
Para gran parte de la comunidad educativa, el mensaje es claro:
mientras las condiciones siguen deterioradas, la respuesta estatal busca disciplinar la protesta más que atender sus causas.
La Coordinación Zonal de Políticas de Género y su rol en el predio
La dependencia donde se radicó la denuncia es la Coordinación Zonal de Políticas de Género, un área del Ministerio de Seguridad trasladada al predio del Cardiel a mediados de 2025.
Foto de la inauguración el pasado 25 de septiembre. PH: DRAY
Según lo difundido en su instalación, la división no está abocada a la prevención del delito en el predio, sino a tareas internas:
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capacitación policial en perspectiva de género,
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elaboración de estadísticas,
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cursos obligatorios para efectivos con sumarios,
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formación en leyes Micaela, Identidad de Género y Lucio.
La dependencia funciona entre las 8 y las 18, sin presencia 24 horas y sin personal asignado para patrullaje o prevención.
Paradójicamente, aunque no tiene injerencia directa en la seguridad del Cardiel, sí impulsó una denuncia penal por el reclamo de quienes exigen justamente condiciones dignas y un predio protegido.
Para estudiantes y docentes, resulta difícil de comprender que una fuerza que no cubre los hechos de inseguridad del lugar centre sus esfuerzos en perseguir a quienes colocaron afiches pidiendo más seguridad.
Un conflicto que no se apaga
El predio continúa bajo la órbita de Vialidad Nacional, sin transferencia a la Provincia y con escasas respuestas estructurales.
Mientras tanto, la comunidad educativa insiste en su demanda histórica: un lugar seguro, mantenido y digno, donde estudiar y trabajar no implique exponerse a riesgos evitables.
La denuncia por la pegatina no hizo más que reforzar la convicción de quienes sostienen la lucha:
si reclamar por condiciones básicas se criminaliza, el problema deja de ser edilicio para volverse político.
