La undécima sesión ordinaria del Concejo Deliberante terminó suspendida luego de que el proyecto por la venta del Casino volviera a generar fuertes diferencias entre los bloques.
A pesar de los esfuerzos del oficialismo de Nueva Necochea por avanzar rápidamente, la falta de consenso hizo caer la sesión prevista para este viernes. La discusión se retomará en comisión este viernes en comisión y ya está prevista la reunión de labor parlamentaria el próximo lunes a las 12 del mediodía.
El Ejecutivo pretendía aprobar la subasta del complejo en menos de 72 horas, sin instancias de análisis técnico, sin una revisión exhaustiva del expediente ni precisiones claras sobre:
Legalidad de la operación
Índices urbanísticos
Exenciones fiscales
Destino específico de los fondos de la venta
La oposición consideró que esa aceleración no cumplía con los mínimos requisitos de transparencia y control administrativo.
Aunque todos los bloques —excepto la ACT— coinciden en que el Casino necesita venderse, la mayoría exige garantías sobre el uso del dinero que ingresaría por la venta.
El Ejecutivo ofreció, a último momento, una promesa de afectación del 70% para obras y el resto para servicios esenciales.
Pero la oposición insistió en que no alcanza un porcentaje: se requiere un plan de obras concreto, detallado y verificable.
“No se puede aprobar a ciegas”, plantearon varios ediles en los intercambios.
Surgen observaciones que todavía no fueron respondidas por el oficialismo:
Ausencia de un plan concreto para el auditorium, que quedaría fuera en esta etapa.
Inconsistencias sobre el cambio de uso, que dificultan evaluar la revalorización real del inmueble y su futuro.
La mayoría de los bloques opositores remarcó que hay presión social, consultas de vecinos, instituciones y sectores económicos, y que no puede avanzarse sin responder a esas demandas.
A su vez ya hay voces que advirten que de continuar con semejante atropello recurrirán a la justicia. Por lo pronto se prevee un pedido de información pública a la comunidad.
Durante la reunión de presidentes de bloque, el secretario de Legal y Técnica, Ernesto Povilaitis, intentó destrabar el expediente.
Sin embargo, Fuerza Patria, La Libertad Avanza, UCR y ACT insistieron en que necesitaban al menos el fin de semana para leer con detalle la documentación.
Un dato llamativo fue el silencio de la concejala Maceiro, quien tiempo atrás era una de las voces más críticas contra la venta, pero ahora evita fijar postura pública.
Avanza Necochea, a través de Bernardo Amílcar, planteó que hubiese sido valioso que el municipio mantuviera un porcentaje futuro del negocio, tal como ocurre en Puerto Madero. Pero lo insólito que lo planteó como un deseo, anhelo, aunque admitió no haber presentado ningún proyecto propio.
Zubillaga, por su parte, sintetizó su intención de desprenderse con una frase que resonó:
“El Casino regalado sale caro, quien lo compre, se compra un problema”.
Labor Parlamentaria: lunes 12:00
Sesión ordinaria reprogramada: martes 9:00
(Mirada de especialistas en derecho municipal, urbanismo y administración pública)
La discusión local expone varios ejes que son considerados estándares mínimos cuando un Estado decide desprenderse de un bien de alto impacto urbano, histórico y económico.
Un proceso de enajenación de bienes públicos debe cumplir:
Publicación completa del expediente, tasaciones y planos.
Dictámenes legales independientes que confirmen la viabilidad.
Evaluación de impacto urbano y económico, requisito frecuente en ciudades costeras.
Respeto por los plazos administrativos, evitando decisiones exprés que vulneren la razonabilidad.
Audiencia pública a la ciudadanía como un plaza de que la sociedad se exprese.
La ausencia o debilidad de estas instancias pone en riesgo la validez del acto y puede generar futuros litigios contra el municipio.
La tasación debe incluir:
Valor de mercado real y comparado.
Valor urbanístico (ubicación estratégica frente al mar).
Valor patrimonial y simbólico.
Potencial de reconversión y plusvalía privada futura.
Cuando la tasación no está debidamente fundamentada, la operación puede resultar lesiva para el patrimonio municipal.
En derecho administrativo, la afectación específica del recurso es clave para evitar arbitrariedad.
Se recomienda:
Un plan de obras detallado, con presupuesto, cronograma y control ciudadano.
Prohibición de usar los fondos para gasto corriente.
Creación de un fondo de afectación especial, auditado.
La oposición apunta justamente a esta falta de precisión.
Antes de vender un inmueble así, un municipio o en todo caso la provincia debe definir:
Usos permitidos
Índices urbanísticos
Alturas, densidades y preservación de vistas
Protección de espacios culturales como el auditorium
Si esto no está garantizado de antemano, el comprador podría obtener una ventaja desproporcionada o —peor— quedar imposibilitado de desarrollar cualquier proyecto, afectando la ciudad y generando conflictos judiciales futuros.
Especialistas señalan que, en bienes costeros:
La concesión a largo plazo o la creación de una sociedad mixta suele permitir inversión privada
Sin perder el dominio municipal
Y con mecanismos de control sobre el uso del espacio público
La venta, en cambio, es irreversible y exige un estándar aún más alto de transparencia.
Lo que se discute no es solo el futuro del edificio del Casino, sino el modelo de gestión del patrimonio público en Necochea:
¿Cómo se protege el patrimonio estatal?
¿Cómo se garantiza la transparencia?
¿Cómo se evita beneficiar a privados a costa del interés general?
¿Qué modelo de ciudad se busca construir?
Preguntas que, por ahora, siguen abiertas.