La investigación se activó tras la difusión de audios en los que se escuchan gritos, insultos, amenazas y el llanto de niños, material que ya fue incorporado formalmente al expediente judicial y es analizado por los fiscales Rodolfo Moure y Laura Molina.
Según surge del material incorporado a la causa judicial, en los audios se escuchan gritos, insultos y amenazas directas contra los niños, en medio de una situación de extrema tensión emocional. En uno de los registros, una de las mujeres increpa a un menor con frases como “Callate la boca porque te pego una cachetada” y “¿Quién carajo sos vos para escupir a una mujer?”. En otro tramo, se oyen advertencias aún más graves: “Te voy a romper la cara de una cachetada”, “Te hago recagar a palos afuera y no se da cuenta nadie” y “Te salvaste de que no saqué el cuchillo”. También se registran amenazas vinculadas a una denuncia policial y al encierro institucional del niño, mientras de fondo se escuchan llantos y súplicas, lo que terminó de detonar la intervención judicial y la adopción de medidas urgentes de protección.
Según se informó, ambas mujeres deberán presentarse a declarar el próximo miércoles 17 de diciembre, imputadas por los delitos de amenazas y coacción. Por el momento, la causa investiga hechos que habrían afectado al menos a tres chicos de entre 10 y 12 años.
En paralelo, el Juzgado de Familia N° 6 dispuso una medida cautelar que prohíbe a Género, Benaduche y a otros empleados del Patronato acercarse a menos de 200 metros de los menores, con el objetivo de garantizar su protección. La investigación penal tramita en el Juzgado de Garantías N° 2 de Mar del Plata.
La institución funciona como hogar convivencial y recibe niños y adolescentes derivados por el Servicio Local o por orden judicial, provenientes de contextos de alta vulnerabilidad, violencia familiar o conflictos graves. Los audios que motivaron la denuncia exponen prácticas incompatibles con las funciones de cuidado, contención y protección que deben garantizar este tipo de espacios.
En el marco de la causa, se enviaron oficios a la Dirección de Políticas de Género, Niñez y Adolescencia del Municipio de Balcarce y al Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos, para asegurar el seguimiento y resguardo integral de los chicos involucrados.
Además, trascendió que el Consejo de Administración de la Cooperativa de Electricidad de Balcarce resolvió prescindir de los servicios profesionales de Alejandra Género como asesora legal, decisión vinculada a la gravedad de los hechos investigados.
La causa continúa en etapa de investigación y las personas imputadas deberán responder ante la Justicia en los próximos días.