La Patagonia arde y crecen las críticas: un informe responsabiliza al Estado por los incendios

Los incendios forestales que afectan a la Patagonia argentina desde fines de 2024 no solo provocaron una devastación sin precedentes en el bosque andino, sino que también reavivaron el debate sobre la responsabilidad del Estado frente a emergencias ambientales que se agravan año tras año. En ese contexto, un informe elaborado por organizaciones ambientales apunta de manera directa a la falta de políticas estructurales para prevenir y mitigar este tipo de catástrofes.

El documento, titulado “La inacción climática estatal vuelve a empeorar los incendios en la Patagonia”, advierte que los megaincendios registrados en la región no son fenómenos naturales aislados, sino el resultado de decisiones humanas, recortes presupuestarios y ausencia de planificación preventiva, en un escenario atravesado por la crisis climática global.

Superficie afectada en niveles históricos

Según el informe, la superficie de bosque afectada se cuadruplicó entre octubre de 2024 y marzo de 2025 en comparación con el mismo período anterior. Las organizaciones alertan que, de mantenerse las tendencias actuales, el impacto podría profundizarse aún más en los próximos años.

El trabajo fue elaborado de manera conjunta por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Observatorio Petrolero Sur y Greenpeace Argentina, entre otras entidades sociales y ambientales.

Más incendios, menos prevención

El informe detalla una serie de factores que explican, según sus autores, la incapacidad estatal para contener la crisis:

• Desfinanciamiento del manejo del fuego: el Servicio Nacional de Manejo del Fuego habría ejecutado menos del 25% del presupuesto asignado durante 2024, a pesar de tratarse de uno de los años con mayor cantidad de focos ígneos.

• Recortes presupuestarios proyectados: para 2026, la partida prevista implicaría una caída real cercana al 80% respecto a 2025, comprometiendo seriamente la capacidad de respuesta.

• Reducción de recursos operativos: se proyecta una disminución en las horas de vuelo de aviones y helicópteros destinados al combate de incendios, así como una menor elaboración de informes clave para la alerta temprana.

• Déficit de políticas preventivas: el documento cuestiona la falta de regulación sobre plantaciones forestales altamente inflamables, la escasa planificación territorial y la ausencia de campañas sostenidas de educación y mitigación del riesgo.

Una respuesta oficial tardía

En medio de los cuestionamientos y con focos aún activos en Chubut, Río Negro y otras provincias, el presidente Javier Milei realizó su primer pronunciamiento público sobre la situación, replicando un comunicado oficial que detalló el despliegue de recursos y afirmó que 22 de los 32 incendios estaban extinguidos.

Las organizaciones señalaron que la comunicación oficial se centró en una respuesta reactiva, sin anuncios de cambios estructurales que permitan reducir la recurrencia y la intensidad de los incendios en el futuro. El pronunciamiento se produjo, además, luego de varios días de silencio institucional y en un contexto de mejora climática transitoria.

Crisis climática y causas estructurales

Más allá de la coyuntura inmediata, el informe remarca que los incendios deben analizarse como parte de una crisis climática global, caracterizada por sequías prolongadas, olas de calor, vientos intensos y condiciones cada vez más propicias para la propagación del fuego.

Las organizaciones advierten que, sin políticas públicas integrales que articulen prevención, ordenamiento territorial, manejo sostenible de bosques y estrategias de mitigación climática, Argentina continuará enfrentando los incendios como hechos aislados, sin abordar las causas estructurales que los vuelven cada vez más frecuentes y devastadores.