Cuando el expediente incomoda, aparece el chivo expiatorio

Cuando los expedientes se abren, los argumentos se ordenan y los documentos se muestran, el debate público se fortalece. Cuando eso no ocurre, el poder suele elegir otro camino: personalizar el conflicto, desacreditar al mensajero y correr el eje de la discusión.

Eso es exactamente lo que sucede hoy en Necochea con la subasta del Complejo Casino.

El conflicto no nació esta semana ni apareció “a último momento”, como se intenta instalar. El 1° de diciembre de 2025, una solicitud formal de acceso a la información pública ambiental fue presentada ante el Ejecutivo municipal, firmada por María Susana Laborde y Nerio Bognanni, en representación de un grupo de vecinos y vecinas con formación en derecho, arquitectura, ambiente y planificación urbana.

El pedido fue claro, específico y jurídicamente fundado.
Y nunca fue respondido.

El origen real del conflicto

La presentación solicitó documentación básica y obligatoria para un proceso de esta magnitud:

• El expediente completo del proyecto de ordenanza de subasta.

• El Informe Ambiental Regional (IAR) exigido por la normativa provincial.

• La tramitación del IPAR-CUS para el cambio de uso del suelo.

• Los indicadores urbanísticos definitivos, no “potenciales”.

• El detalle del destino de los fondos a obtener.

• La intervención de la Comisión de Preservación del Patrimonio Cultural y Ambiental.

• La garantía de participación ciudadana previa, obligatoria tratándose de un bien declarado Patrimonio Cultural y Ambiental (Ordenanza 7106/2010).

Nada de eso fue puesto a disposición de la ciudadanía.

Frente a ese silencio administrativo, la vía judicial no fue un capricho ni una maniobra política: fue la consecuencia lógica de la falta de respuesta del Estado.

El dato que incomoda

A días del cierre del plazo para la inscripción de oferentes, no hay inversores anotados para la subasta.

Ese dato, verificable y objetivo, contradice meses de versiones difundidas por voceros y medios alineados al oficialismo que hablaban de supuestos interesados, capitales extranjeros, nombres rutilantes y operadores de peso.

La pregunta es inevitable:
si el proceso es tan transparente, ¿por qué nadie se presenta?

Del expediente al ataque personal

En lugar de responder con documentación, el oficialismo eligió otro camino: construir un enemigo.

Vecinos y vecinas que pidieron información pasaron a ser rotulados como “extremistas”, “anti Necochea”, “infiltrados de otras localidades” o parte de una supuesta “Necochea del No”. Incluso se llegó a sugerir la declaración de una ciudadana como “persona no grata”.

El recurso no es nuevo: cuando el debate técnico resulta incómodo, se reemplaza por el escarnio público.

Así, el foco deja de estar en:

• los indicadores urbanísticos no definidos,

• los estudios ambientales inexistentes,

• la ausencia de participación ciudadana,

• el incumplimiento de pasos legales previos,

y se desplaza hacia quién pregunta, quién firma o quién incomoda.

Lo que dicen los documentos, no las consignas

La propia normativa invocada por el municipio exige que los indicadores urbanísticos sean previos y obligatorios. Sin embargo, la ordenanza aprobada habla de indicadores “potenciales”, una figura que no cumple con los requisitos legales para tasar correctamente el valor del inmueble.

Tampoco existe constancia pública de la finalización del trámite ante la Autoridad del Agua ni ante el Ministerio de Ambiente provincial, ni de la convalidación definitiva del cambio de uso del suelo.

Tratándose del principal bien patrimonial del frente costero, la omisión de la participación ciudadana no es un detalle: es una falla estructural del procedimiento.

La pregunta que nadie responde

Si todo está en regla:

• ¿por qué no se respondió el pedido de información presentado en diciembre?

• ¿por qué se vetaron modificaciones aprobadas por el Concejo Deliberante?

• ¿por qué no se publican los expedientes completos?

• ¿por qué se reacciona con furia ante preguntas legítimas?

• ¿por qué se necesita un chivo expiatorio?

La respuesta es simple y contundente:
mostrar la información habría evitado este conflicto.

Democracia no es obediencia

La participación ciudadana no es un obstáculo al desarrollo.
Es una condición democrática básica, especialmente cuando se trata de bienes públicos, patrimonio colectivo y decisiones irreversibles.

Preguntar no es frenar.
Pedir explicaciones no es conspirar.
Exigir legalidad no es estar “en contra”.

Cuando el poder confunde control ciudadano con ataque político, el problema no es la pregunta: es la falta de respuestas.