Acuartelamientos, protestas y sanciones: fuerte tensión en la Policía de Santa Fe

La provincia de Santa Fe atraviesa días de fuerte tensión institucional tras una serie de protestas y acuartelamientos parciales en la Policía provincial, originados por reclamos salariales, condiciones laborales y falta de asistencia en salud mental. El conflicto tuvo su punto más crítico en Rosario, aunque se extendió a la capital provincial y a numerosas localidades del interior.

Las manifestaciones comenzaron con concentraciones de efectivos y familiares frente a distintas jefaturas policiales y la Casa de Gobierno. Con el correr de las horas, algunos agentes que se encontraban de servicio se sumaron a la protesta, mientras otros intentaron sostener el funcionamiento operativo, lo que derivó en enfrentamientos internos dentro de la propia fuerza.

Durante la jornada se registraron patrulleros estacionados en la vía pública con balizas encendidas, interrupciones parciales del patrullaje y un acuartelamiento limitado de sectores policiales. Desde el Ejecutivo provincial aseguraron que la seguridad pública no colapsó, aunque admitieron dificultades operativas.

El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, confirmó que al menos 20 efectivos fueron pasados a disponibilidad, una medida disciplinaria que implica la suspensión temporal de funciones activas mientras se investigan los hechos.

“Hoy el patrullaje se está sosteniendo, no con normalidad, pero con esfuerzo”, señaló el funcionario, y agregó que si bien los reclamos salariales pueden tener un sustento legítimo, durante las protestas se detectaron acciones que “minan la política de seguridad que tanto costó ordenar”. Además, anticipó que podrían disponerse nuevas sanciones conforme avance la investigación administrativa.

Qué reclaman los policías de Santa Fe

El conflicto expuso un malestar profundo dentro de la fuerza, que combina reclamos económicos, laborales y sanitarios. Uno de los principales ejes es el nivel salarial. Según datos oficiales, el sueldo promedio de un policía que recién ingresa en Santa Fe ronda los $1.300.000 mensuales, aunque los propios efectivos y sus familias advierten que ese ingreso no alcanza a cubrir la canasta básica y depende en gran medida del cobro de horas extra y servicios adicionales.

Esa situación obliga a muchos agentes a extender jornadas laborales, incrementando el desgaste físico y emocional. Días atrás, el gobierno provincial anunció el pago de bonos extraordinarios de $500.000 y $250.000, pero los manifestantes señalaron que se trata de medidas transitorias que no resuelven el problema estructural de fondo.

“Con salarios que dependen de horas extra no hay seguridad posible”, expresaron algunos efectivos durante las protestas, reclamando una recomposición salarial real y sostenida.

Condiciones laborales y falta de recursos

Además del salario, los policías denunciaron condiciones laborales precarias, con faltantes de uniformes, equipamiento insuficiente y carencias en los recursos necesarios para tareas de patrullaje. También cuestionaron la organización del trabajo y la falta de políticas orientadas al bienestar del personal.

Familiares de los efectivos señalaron que las condiciones de la fuerza “han quedado de lado”, lo que profundizó el malestar y derivó en las medidas de fuerza.

El reclamo por salud mental tras la muerte de un efectivo

El conflicto se intensificó tras la muerte de un policía de 32 años, perteneciente a la Unidad Regional II de Rosario, quien se disparó con su arma reglamentaria, agonizó durante dos días y falleció el 4 de febrero.

Según denunciaron los manifestantes, el efectivo había retomado funciones pese a no encontrarse en condiciones psicológicas adecuadas y contar con licencia médica. El hecho generó un fuerte impacto dentro de la fuerza y reactivó los reclamos por mayor asistencia psicológica, controles médicos adecuados y programas de contención sin represalias.

“No somos máquinas”, expresaron los agentes durante las protestas, reclamando límites razonables a la carga horaria y acompañamiento integral en salud mental.

La respuesta del gobierno provincial

Ante la escalada del conflicto, el gobernador Maximiliano Pullaro ratificó la aplicación de sanciones disciplinarias y anunció medidas para intentar descomprimir la situación, entre ellas bonificaciones económicas para efectivos que patrullan en ciudades de alta demanda y adicionales para conductores de móviles.

Desde el Ejecutivo provincial insistieron en que el patrullaje se mantuvo activo, aunque con dificultades, y que se coordina con el Ministerio de Seguridad de la Nación para garantizar la continuidad operativa si fuera necesario.

Mientras tanto, el conflicto permanece abierto, con protestas que se replicaron en Santa Fe capital, Esperanza, Rafaela, Reconquista, Vera, Tostado, Casilda y Villa Constitución, entre otras localidades. Los efectivos sostienen el reclamo por mejoras salariales estructurales, condiciones laborales dignas y una política integral de salud física y mental dentro de la fuerza.