La resolución establece un plazo de 15 días y retrotrae la situación al momento previo a la comunicación empresaria, dejando sin efecto de manera transitoria las desvinculaciones anunciadas.
La medida fue adoptada con el objetivo de preservar la paz social y garantizar una instancia de diálogo entre las partes en el marco de la normativa laboral vigente.
Con la conciliación obligatoria en curso, tanto la empresa como el sindicato deberán abstenerse de adoptar medidas que alteren el escenario previo al conflicto, lo que incluye despidos o medidas de fuerza.
Durante el período dispuesto por la autoridad laboral provincial, las partes deberán participar de audiencias de negociación orientadas a buscar una solución al conflicto.
El anuncio de cierre de la planta y la desvinculación de 920 trabajadores había generado un fuerte impacto en el sector industrial y en el conurbano bonaerense.
La intervención del Ministerio de Trabajo implica una instancia formal de mediación que suspende provisoriamente los efectos de la decisión empresaria mientras se desarrolla el proceso de diálogo.