«A nuestro querido Pueblo del Chubut, con preocupación y asombro hemos asistido -con la aprobación de la ley de zonificación minera en la provincia del Chubut- al avasallamiento del derecho ciudadano un debate auténticamente democrático». Así comienza el comunicado emitido hoy por el conjunto de la jerarquía episcopal de la Patagonia en medio de la conmoción por la represión sostenida por el poder político de Chubut.

Mientras ayer por la tarde se preparan manifestaciones en toda la provincia que por tercer día consecutivo y en el contexto de una lucha que lleva más de 18 años en defensa del agua,  los obispos apoyaron a las vecinas y vecinos que se manifiestan. En la misiva expresan que el debate auténticamente democrático debía garantizar un proceso que culmine «con la obligatoria “licencia social”, los necesarios espacios de debate para encauzar dudas, objeciones y los aportes de organismos científicos como el CENPAT y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, etc. y la publicidad del día en que sería tratada la ley».

Entendiendo que no hay licencia social ni científica para llevar adelante la ley minera, los obispos son tajantes: «Decimos No a este modo de devaluar las instancias que hacen legítima una ley, y lo hacemos acompañando a nuestro Pueblo y pidiéndole para que ese NO, activo y en las calles, sea pacífico»

«Entendemos que para que vuelva la paz social sólo es posible que sea derogada la ley, y como lo vienen pidiendo los obispos del Chubut, iniciar un largo proceso de acuerdo que involucre a todas las partes»

En esta declaración la Iglesia Católica también se dirige a los responsables de sostener la represión a través de los días desde la sanción de la ley. «También urgimos a las autoridades a que cese la represión a las manifestaciones populares. El amedrentamiento con el uso de la fuerza es ilícita o roza la ilegalidad y enfrenta a unos con otros«. Por su parte Arcioni salió públicamente a decir: «estoy muy dolido con lo que está pasando» y replicó: «No doy marcha atrás jamás en mi vida». Sin embargo, la historia muestra que sí, dado que el actual gobernador de Chubut realizó su campaña electoral con la consigna «No a la Megaminería»

Firman la declaración monseñor Joaquín Gimeno Lahoz, obispo de Comodoro Rivadavia; monseñor Esteban María Laxague SDB, obispo de Viedma; monseñor Juan José Chaparro CMF, obispo de San Carlos de Bariloche; monseñor Fernando Martín Croxatto, obispo de Neuquén; monseñor Jorge García Cuerva, obispo de Río Gallegos; monseñor José Slaby C.Ss.R, obispo prelado de Esquel; monseñor Alejandro Pablo Benna, obispo de Alto Valle del Río Negro); y monseñor Roberto Pío Álvarez, obispo auxiliar de Comodoro Rivadavia.

Texto completo del comunicado:

A nuestro querido Pueblo del Chubut, con preocupación y asombro hemos asistido -con la aprobación de la ley de zonificación minera en la provincia del Chubut- al avasallamiento del derecho ciudadano a un debate auténticamente democrático. En donde se garantizara, entre otras cosas, un proceso que culminara con la obligatoria “licencia social”, los necesarios espacios de debate para encauzar dudas, objeciones y los aportes de organismos científicos como el CENPAT y la UNPSJB, etc. y la publicidad del día en que sería tratada la ley.

Queremos acompañar a nuestro Pueblo en su reclamo. Entendemos que ante este atropello sólo es posible la movilización popular, pero les pedimos encarecidamente que sea pacífica. Evitemos que el lógico enojo ante lo que se percibe, como acuerdos fuera de los ámbitos razonables de debate democrático, redunde en respuestas que comprometan patrimonio público/privado o atenten contra la vida y salud de otros.

También urgimos a las autoridades a que cese la represión a las manifestaciones populares. El amedrentamiento con el uso de la fuerza es ilícita o roza la ilegalidad y enfrenta a unos con otros.

Entendemos que para que vuelva la paz social sólo es posible que sea derogada la ley, y como lo vienen pidiendo los obispos del Chubut, iniciar un largo proceso de acuerdo que involucre a todas las partes.

Decimos No a este modo de devaluar las instancias que hacen legítima una ley, y lo hacemos acompañando a nuestro Pueblo y pidiéndole para que ese NO, activo y en las calles, sea pacífico.