La Cámara Federal de Casación Penal concedió en los últimos días al menos tres prisiones domiciliarias a represores condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, entre los que se encuentra el exDirector de Investigaciones de la Policía Bonaerense Miguel Osvaldo Etchecolatz, quien tiene varias sentencias a perpetua, por lo que se estima que no se hará efectiva la domiciliaria.

Sin embargo también sobrevivientes y testigos en los juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos en la exEscuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y organizaciones políticas y sindicales se sumaron al repudio del fallo del tribunal de la Cámara Federal de Casación Penal que benefició al represor Jorge "Tigre" Acosta con una reducción de su pena.

"El 'Tigre', como era conocido en las mazmorras de la ESMA, fue el jefe de Inteligencia del Grupo de Tareas 3.3.2, por lo tanto responsable del secuestro, desaparición, tortura, y asesinato de miles de compañeros y compañeras. Acosta está además condenado por la apropiación de bebés y por delitos sexuales cometidos contra secuestradas entre los años 1976 y 1979", señalaron en un comunicado. Acá una nota sobre Acosta. 

Para las organizaciones de derechos humanos "una persona que fue pieza clave del terrorismo de Estado no puede reintegrarse a una sociedad que se ha pronunciado por el Nunca Más". "Es obligación ineludible de la Justicia el velar por los valores democráticos y por el cumplimiento de las leyes, aquellas que Acosta violó y que sigue violando con su pertinaz silencio", indicaron.

El jueves pasado, al evaluar planteos de las querellas sobre la posibilidad de que Acosta acceda o no a la libertad condicional, el máximo tribunal penal del país convalidó que le apliquen la ley más benigna pese a estar condenado por delitos de lesa humanidad, lo que en los hechos equivale a una reducción de la pena que se le había impuesto al represor.

Por su parte, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires manifestó su preocupación por el aumento de las prisiones domiciliarias y libertades condicionales dispuestas por la Justicia Federal a personas procesadas y condenadas por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado en la última dictadura cívico-militar.

En un comunicado se cuestionó la decisión y se indicó que a través de la Dirección de Querellas en Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad de la Dirección Provincial de Políticas Reparatorias, la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense "participa de manera activa como querellante en las causas en las que imputados y condenados fueron beneficiados".

Se detalló que en "ese rol acusatorio realiza un seguimiento de los expedientes y un control jurídico de los mismos, y en esa función exige rigurosidad al Poder Judicial Federal a la hora de otorgar esos beneficios así como de hacerlos cumplir".

Desde la Subsecretaría se indicó que "los crímenes investigados en estas causas representan graves violaciones a los derechos humanos que el Estado argentino tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar", y se destacó que las "penas deben ser cumplidas de manera efectiva y completa como parte de la reparación a las víctimas y a la sociedad".

Asimismo, se manifestó que, ante la seguidilla de decisiones judiciales que revirtieron decisiones tomadas por otras instancias judiciales y beneficiaron a genocidas condenados e imputados en causas en las que la Subsecretaría de Derechos Humanos es querellante, "se redoblaron los esfuerzos de los equipos de abogados para analizar cada caso e intentar evitar decisiones arbitrarias por parte del Poder Judicial".