Desde el1 de septiembre hay una resolución vigente de la jueza marplatense Mariana Irianni que prohíbe a otras jurisdicciones de la zona – con excepción de Necochea – alojar sus detenidos en la Unidad 15 de Batán, ya sea por condena o por procesamientos de causas en trámite,  por el deterioro estructural que arrastra desde hace 14 años.

Esta semana debía realizarse la audiencia judicial para analizar las medidas del Estado con las que se revertiría, sin embargo se tuvo que reprogramar para febrero por la ausencia de propuestas del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, que en 75 días no presentaron ningún plan de obras integral para poner en valor la cárcel.

En Octubre la decisión había sido ratificada  por la Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata, quienes insistieron en la necesidad de que el Gobierno bonaerense presente un “plan de obras y mejoras que fuere necesarias para superar el grado de deterioro edilicio, condiciones de seguridad y salubridad de alojamiento” de las personas detenidas en la UP 15.