Puntualmente, el préstamo no contó con análisis de riesgos y solvencia ni con la opinión del Banco Central, como se establece por Ley. Además de esto, afectó “la solvencia y la sostenibilidad de la deuda pública”.

Para graficarlo, el informe de la AGN recuerda que la deuda externa de Argentina representaba el 17,7% del PBI en 2016 y en apenas dos años ese porcentaje trepó al 41,8%. Mientras tanto, la deuda bruta en moneda extranjera -que en 2016 era del 36,3% del PBI- en 2018 alcanzó el 65,8%.

Entre otras, las irregularidades detectadas fueron:

• La documentación de respaldo y los expedientes fueron generados en el sistema GDE luego de la firma del acuerdo y resultaron incompletos y desordenados. Se sumó la falta de la firma digital que valida los actos administrativos en algunos de los documentos que lo requerían.
• La formalización del endeudamiento no fue realizada por Ley de Presupuesto ni por Ley específica, tampoco por un Decreto presidencial. El acuerdo fue firmado por el Ministro de Hacienda que no contaba entre sus funciones la gestión del Crédito Público.
• No se cumplió con el artículo 61 de la Ley 24.156, que establece que en los casos en que las operaciones de crédito público originen la constitución de deuda pública externa debe emitir opinión el Banco Central sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos.

Finalmente, la AGN sostuvo que era "muy poco probable" que el préstamo se devolviese en tiempo y forma por "las correcciones que se requerían tanto en la balanza de pagos, (incluyendo la balanza comercial) así como en el resultado fiscal primario.

"La deuda no resultaba sostenible", sentenciaron.

Fuente: Infocielo