Morotí Arocena, docente y activista necochense, el pasado 15 de marzo recibió un salvaje ataque en su propio lugar de trabajo, la secundaria 7. Hubo una movilización masiva, un fuerte repudio, y quedó al descubierto la escalada de violencia que se vive no solo fuera de las escuelas sino dentro. La noticia tristemente alcanzó a los medios nacionales que se hicieron eco del triste y repudiable hecho en manos de la familia y la propia alumna que había desaprobado un examen. 

"Han pasado tan solo 4 semanas de lo ocurrido, aunque pareciera que fue muchísimo tiempo, sin embargo, además de haber muchas heridas abiertas desde lo emocional, también me encuentro bajo tratamiento traumatológico y trabajando en el stress post traumático producto de la agresión que me tocó vivir como mujer y docente” señala Morotí que se la escucha profundamente sensibilizada. 

"Es muy difícil salir de una situación de violencia, no solo hacia mi integridad física sino también hacia lo profesional, porque me ocurrió frente alumnos y en mi puesto de trabajo" 

La docente que además es una incansable luchadora por los derechos humanos explicó a NdeN: "Estoy trabajando sobre mis emociones y las situaciones donde uno hace su trabajo desde lo discursivo, desde las convicciones ideológicas y educativas. Estoy buscando salir adelante"

Por lo pronto la causa judicial avanza y agresoras enfrentarán un juicio oral acusados de "lesiones leves doblemente agravadas por la participación de un menor y de dos o más personas".

La Fiscalía Nº 3 continúa sumando pruebas a la causa y, una vez que se analicen las evidencias reunidas, se le dará vista a la Defensoría Oficial. Después, el expediente se radicará en el Juzgado Correccional Nº 1 para el debate oral. Aunque no hay fecha establecida, es posible que se realice en los próximos meses.

La madre y la hija de la estudiante fueron imputadas por el delito de "lesiones leves doblemente calificadas por la participación de un menor de 14 años". Mientras continúa el proceso legal, se ha impuesto una medida cautelar que restringe el acercamiento del grupo familiar de la alumna a la profesora de Derecho. Además, se solicitó la colaboración de la Policía Departamental para garantizar la seguridad de la docente.

En este sentido Morotí comentó que "se está avanzando con el tema legal, con mis representantes legales que son Cintia Mónaco y Jorgelina Serrano, nos enteramos de un posible juicio y estamos atentas a eso".

En el final del diálogo la docente, sí manifestó que "nunca fue llamada por la Dirección General de Cultura y Educación", pero que sí estuvo al tanto que "previo a la renuncia de Soledad Moreno hubo una reunión con directivos de diferentes niveles, y se pensó trabajar estas situaciones de conflicto en las escuelas, pero finalmente no se en que quedó".

Además, Morotí se lamentó y se expresó profundamente enojada, al comentarle a NdeN que "la ART no quiere cubrir el tratamiento psicológico ni psiquiátrico y solo cubriría lo físico". 

"Estoy en la instancia de reclamar por algo que debería ser elemental, al trabajar en una comunidad educativa, necesito y quiero ese tratamiento, porque yo quiero estar bien y volver a dar clases como antes de que esto me suceda. Lo que a mí me sucedió por motivos colectivos, sociales, por una institución que no supo prever ahora es mi problema. Eso que surge en un contexto social, ahora es mi problema y yo ver como lo resuelto. Debería tener el camino allanado. Cualquiera daría por sabido que yo ya estaría bajo tratamiento integral por lo sucedido. Me encuentro a la espera de que se resuelva"