

La medida legal fue presentada ante el fiscal federal Juan Manuel Portela por Jorgelina Garcia, actuando como apoderada del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén.
Según se desprende de la información que fue proporcionará a NdeN Noticias de Necochea, los hechos en cuestión "podrían configurar delitos de acción pública, entre ellos el previsto en el artículo 194 y concurrentes del Código Penal".
El conflicto subyacente se originó el 16 de agosto, cuando los trabajadores de Terminal Quequén y miembros del SUPA cerraron el acceso a la jurisdicción portuaria en la intersección de las avenidas Almirante Brown y Juan de Garay. El motivo del bloqueo fue la agilización del proceso licitatorio del elevador explotado por la mencionada empresa.
Ante este escenario, el Ministerio de Trabajo Delegación Necochea emitió una disposición de rechazo a la solicitud de conciliación obligatoria, alegando la inexistencia de conflicto.
La denuncia presentada subraya que esta situación recurrente e irregular ha interrumpido el tráfico marítimo internacional, perturbando la operatividad portuaria de manera significativa. La solicitud de intervención judicial mediante una medida cautelar busca restablecer el libre acceso a la Zona Primaria Aduanera.
El escrito también enfatiza la urgencia de esta acción, ya que los buques en rada han comenzado a rechazar la posibilidad de asumir los costos adicionales derivados de demoras en rada. Esto ha generado un perjuicio económico y comercial que requiere una solución inmediata.
SUPUESTAS CAUSAS DEL BLOQUEO
Trabajadores de Puerto Quequén han realizado paros parciales y sorpresivos en protesta por la reciente designación de un representante gremial en el Consorcio portuario en nombre de la UATRE. Según expresaron a la prensa estas acciones continuarán hasta lograr un cambio en ese nombramiento, y se ha anunciado la posibilidad de una conferencia de prensa para informar sobre los motivos de la protesta.