El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, ha tomado medidas para garantizar el cumplimiento de la Ley Micaela (N° 27.499) en el seno del Consejo de la Magistratura, estableciendo una fecha límite para que todo el personal del organismo acredite haber completado la capacitación obligatoria en temas de género y violencia contra las mujeres.

La Ley Micaela, que impone la obligación de capacitación en cuestiones de género a todas las personas que trabajan en la función pública, cumple cuatro años desde su sanción. Con el objetivo de asegurar que todos los organismos gubernamentales estén al día en esta materia, Rosatti ha dictado la Resolución 3361/23, que establece que el personal del Consejo de la Magistratura deberá acreditar haber realizado la capacitación antes del 1° de marzo de 2024. Aquellos que no cumplan con este requisito podrán ser sancionados de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley Micaela.

Asimismo, la Resolución dispone que las personas que ingresen a trabajar en el Consejo deberán acreditar, en un plazo máximo de 60 días hábiles desde su designación, que han completado la capacitación requerida por la Ley.

Horacio Rosatti argumentó que un "considerable porcentaje del personal" ya ha realizado los cursos de capacitación en género, pero enfatizó la importancia de tomar medidas para verificar que todos los agentes del Consejo cuenten con la formación obligatoria en esta área.

La Ley Micaela se ha convertido en una herramienta fundamental para promover la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres en la administración pública, y su cumplimiento es crucial para avanzar en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.