La comunidad de personas con discapacidad se encuentra en estado de alerta debido a las declaraciones y políticas promovidas por Javier Milei y sus candidatos. Estas afirmaciones han generado preocupación y rechazo en este sector, así como el temor a posibles recortes en las pensiones y derechos que tanto les ha costado conseguir.

Las alarmas se encendieron después de las polémicas palabras del candidato de Javier Milei en Tucumán, Ricardo Bussi, quien comparó a la comunidad LGBTIQ+ con personas con discapacidad. Esta declaración provocó una reacción generalizada de rechazo y, al mismo tiempo, puso de manifiesto las preocupaciones de las personas con discapacidad sobre las políticas que se podrían implementar.

Bussi expresó: "El que decide ser travesti, que se la banque solo", durante un debate con representantes del oficialismo y la oposición. Luego, añadió que las personas de la comunidad LGBT "merecen nuestro respeto, como los rengos, los sordos o los ciegos".

Desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), manifestaron su "enérgico repudio" a lo que calificaron como "un intento de posicionar como enemigo para el progreso del país a las personas con discapacidad y sus derechos".

"Nuevamente se escucha un discurso que plantea que el país no sufrió una guerra para tener los números en cuanto a población con discapacidad que tiene. Ese posicionamiento confunde a las personas con discapacidad que cobran una pensión no contributiva (PNC) que son 1.200.000 de la población total con esta condición. En nuestro país, 1.662.016 personas con discapacidad están certificadas con el Certificado Único de Discapacidad (CUD)", señalaron desde la organización.

El colectivo de personas con discapacidad enfatizó que el enfoque en el presupuesto del estado no debe centrarse en recortar los derechos de las personas más vulnerables, como las personas con discapacidad, sino en garantizar igualdad de oportunidades y proteger a aquellos que más lo necesitan.

En última instancia, las personas con discapacidad advirtieron que esta avanzada política, que propone recortes de derechos y demoniza a poblaciones vulnerables, busca justificar una concepción que coloca las ganancias económicas por encima de la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos