La Usina Popular Cooperativa "Sebastián de María" de Necochea ha sido foco de controversias y se encuentra en el centro de una posible intervención a raíz de presuntas irregularidades y deficiencias en su gestión. El intendente Arturo Rojas ha planteado la solicitud de intervención a la Provincia de Buenos Aires, marcando un punto crítico en la relación entre el gobierno local y una de las cooperativas eléctricas más importantes de la provincia.

Malos manejos y deficiencias operativas

El Ejecutivo municipal, encabezado por Arturo Rojas, ha manifestado su preocupación por la falta de mantenimiento de las líneas, la ausencia de recambio de luminarias, y los cortes continuos en el suministro de energía, lo cual posteriormente ocasiona desperfectos en los pozos de agua. Estos problemas han sido objeto de reclamos públicos hechos por el propio jefe comunal hacia la entidad local.

La reciente renovación de autoridades en la Usina, con Pilar Vitale a la cabeza del Consejo de Administración y César Arrieta, ex miembro del Sindicato de Luz y Fuerza, como secretario General, ha desatado críticas. Se ha señalado que Arrieta, a pesar de no ostentar el cargo más alto, ejerce una influencia desproporcionada sobre la cooperativa, tomando decisiones e incidiendo en la gestión a su favor.

Acusaciones de nepotismo y mala administración:

El secretario Arrieta ha sido acusado por la prensa y la opinión pública de autorizar un considerable aumento de sus salarios y de haber logrado la contratación de sus hijos en la cooperativa eléctrica, a pesar de la existencia de numerosas personas esperando por oportunidades laborales. Esto ha llevado a acusaciones de nepotismo y uso discrecional del poder por parte de Arrieta, generando cuestionamientos sobre la transparencia en la toma de decisiones y la administración de la cooperativa.

Nuevas denuncias:

A estas acusaciones se suman las recientes denuncias por parte de la Defensoría del Pueblo bonaerense, que exige a la Usina cumplir con la resolución 576 de la Secretaría de Energía de la Nación. Esta resolución establece que las cooperativas deben refacturar a usuarios mal categorizados, quienes actualmente enfrentan montos exorbitantes en sus facturas de electricidad.

Además, se señala que la Usina no estaría atendiendo los reclamos de los usuarios afectados por estas irregularidades. También se cuestiona el incumplimiento de la ley de Zona Fría, que establece la refacturación para usuarios sin acceso a gas natural por redes o gas propano.

Solicitud de intervención y perspectivas futuras:

La solicitud de intervención por parte del gobierno municipal se esta evaluando y podría llevar a que un representante designado por la Provincia tome el mando de la Usina Popular Cooperativa. El intendente Rojas, preocupado por el funcionamiento y la gestión de la cooperativa, ha buscado soluciones a nivel provincial y ha expresado la necesidad de una cooperativa más sólida y enfocada en inversiones para mejorar los servicios eléctricos.

Este intento de intervención surge como una medida para abordar deficiencias en la gestión y el funcionamiento operativo de la Usina. Se proyecta que, de aprobarse la intervención, la cooperativa eléctrica local podría estar bajo administración externa por varios meses o incluso más de un año, con autoridades designadas por la Provincia.

El intento de intervención por parte del gobierno local evidencia una preocupación por la prestación de servicios esenciales, como la electricidad y el agua, y destaca la importancia de una cooperación más efectiva entre las instituciones para garantizar un funcionamiento adecuado de los servicios públicos.

Este posible giro en la gestión de la Usina Popular Cooperativa marcaría un hito significativo en su historia y representaría un ejemplo sobre cómo abordar desafíos en la prestación de servicios públicos.

El futuro de la Usina y la posibilidad de intervención plantean preguntas sobre la gestión de servicios esenciales y la importancia de una administración transparente y eficiente para el beneficio de la comunidad de Necochea.