En el marco de las recientes medidas económicas anunciadas por el gobierno de Javier Milei, la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presenta un nuevo protocolo antipiquetes que busca frenar las grandes manifestaciones previstas por sectores sociales y sindicales en respuesta a las políticas de ajuste.

Durante una conferencia de prensa, Bullrich explicó que el propósito del protocolo es garantizar el cumplimiento de la ley, involucrando a las cuatro fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y PSA), así como al Servicio Penitenciario Federal, para intervenir en cortes, piquetes y bloqueos parciales o totales de calles.

"La ley no se cumple a medias. Se cumple o no se cumple. Sin orden no hay libertad y sin libertad no hay progreso", enfatizó la Ministra, añadiendo que se identificarán a los autores e instigadores de delitos relacionados con manifestaciones, y se incautarán los vehículos que no cumplan con las normas de tránsito.

Bullrich aseguró que aquellos que se manifiesten en la vereda no enfrentarán problemas, pero advirtió sobre consecuencias para quienes corten calles o rutas. "El aviso ya está hecho. Las calles no se toman. Que sepan que si se toma la calle va a haber consecuencias", afirmó.

Punto por punto, cómo es el protocolo de "ordenamiento de la vía pública"

• Las cuatro fuerzas federales más el servicio penitenciario federal van a intervenir frente a cortes, piquetes y bloqueos, sean parciales o totales. "La ley no se cumple a medias. Se cumple o no se cumple", aseveró Bullrich.
• Las fuerzas podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes. "Si hay un delito infraganti, van a poder intervenir. Serán determinados los delitos de acuerdo al artículo 194 del Código Penal y podrán intervenir en flagrancia las fuerzas federales", explicó.
• No vamos a tomar en cuenta la existencia de vías alternativas al tránsito o a la circulación. "Esto quiere decir que si que corta la vía principal, se libera la vía principal. Por que haya una vía alternativa no es que se permite que esa vía principal siga cortada", sumó.
• Se va actuar hasta dejar liberado el espacio de circulación.
• Para llevar a cabo estas medidas, las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente. Será graduada de acuerdo a la resistencia.
• Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este delito.
• Serán identificados los vehículos utilizados y sus conductores, se registrarán todos las infracciones administrativas y/o penales existentes y procederá a incautar los vehículos que no estén bajos las normas de tránsito o cuyos conductores no tengan la documentación que hay que tener.
• Trabajaremos en las estaciones de tren, cuando percibamos a personas que tengan en posesión material que debería ser incautado -palos o máscaras que les permitan a quienes integren la medida de fuerza que las autoridades no puedan reconocerlos-.

El anuncio provocó reacciones en la dirigencia política. Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), acusó a Bullrich de utilizar medidas represivas para sofocar la resistencia al ajuste. Gabriel Solano del Partido Obrero (PO) defendió el derecho a la protesta social respaldado por la Constitución, mientras que Manuel Adorni de La Libertad Avanza (LLA) enfatizó el principio de que "dentro de la ley todo, fuera de la ley nada".

La medida de Bullrich plantea interrogantes sobre el equilibrio entre el mantenimiento del orden público y la garantía del legítimo derecho a la protesta social en un contexto de tensiones sociales derivadas de medidas económicas impactantes.