A partir del próximo 1º de julio, Argentina dará un paso significativo en la digitalización de su sistema de salud con la implementación obligatoria de la receta electrónica. Esta medida, establecida mediante el decreto 345/2024, busca mejorar la eficiencia y la seguridad en el acceso a los tratamientos y medicamentos en todo el país. A continuación, se detallan los aspectos clave de esta nueva normativa y su impacto en el sistema de salud argentino.

El decreto 345/2024, publicado recientemente en el Boletín Oficial, establece la obligatoriedad de la receta electrónica o digital para la prescripción de medicamentos, órdenes de estudios, prácticas y cualquier otra indicación médica relevante. Esta medida entrará en vigencia en todo el territorio nacional y se implementará en coordinación con las autoridades de cada una de las 24 jurisdicciones.

La receta electrónica será el único medio válido para la prescripción de tratamientos médicos, y deberá utilizarse en todos los establecimientos de salud del país. Sin embargo, el nuevo sistema podrá convivir con la receta en formato papel, garantizando así una transición gradual hacia la digitalización completa.

Entre los principales objetivos de esta medida se encuentra brindar mayor eficiencia y seguridad en el acceso a los medicamentos, así como promover la estandarización de los procesos de prescripción y dispensación. Además, se busca integrar y actualizar las plataformas digitales existentes, así como crear un diccionario nacional de medicamentos que facilite la identificación y la dispensación de los mismos.

Una de las disposiciones más importantes del decreto es la creación de un Registro Nacional de Soluciones Informáticas, que incluirá todas las plataformas tecnológicas utilizadas para la emisión de recetas electrónicas. Esto garantizará la calidad y la seguridad de los sistemas utilizados en la gestión sanitaria.

Asimismo, el decreto establece que las jurisdicciones locales deberán promover legislaciones adicionales, en caso de ser necesario, para alinear sus leyes de práctica profesional con la nueva normativa nacional. Además, se exigirá a las farmacias que archiven y guarden las recetas digitales durante un periodo mínimo de 3 años.