

El comunicado expresa la preocupación de las sociedades rurales ante lo que consideran un nuevo impuesto que se suma a la ya elevada carga impositiva que soporta el sector agrícola en la región. Critican que, según el fallo judicial, los usuarios de operaciones del puerto deberán pagar retroactivamente desde el momento de la cautelar hasta la resolución definitiva, además de continuar pagando este tributo en el futuro.
Desde las entidades agrarias argumentan que, a pesar de mencionarse que la tasa tiene como objetivo el mantenimiento de calles y accesos a Puerto Quequén, no se especifica una afectación directa de estos recursos a mejoras logísticas claras para la región. Afirman que estos costos adicionales impactarán negativamente en la competitividad del puerto y la rentabilidad de los productores agrícolas, quienes verán incrementados sus costos operativos sin recibir un beneficio directo en términos de infraestructura mejorada.
Además, destacan la falta de consulta previa con los sectores afectados y la necesidad de una administración más eficiente de los recursos públicos. Según el comunicado, la tasa portuaria no se traduce en mejoras palpables para la actividad agroindustrial en la zona, sino que más bien representa una carga adicional en un momento económico desafiante para el sector.
El comunicado concluye anunciando que este tema será tratado en profundidad durante la próxima reunión mensual de Zona 6 de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), donde se evaluarán acciones para elevar estos reclamos a las autoridades correspondientes y buscar una revisión de la decisión judicial.
Este rechazo por parte de las Sociedades Rurales del Sudeste Bonaerense refleja la preocupación y el descontento de un sector clave para la economía regional ante una medida que perciben como adversa a sus intereses y al desarrollo del Puerto Quequén.