En una sesión marcada por la tensión y la controversia, el Concejo Deliberante de Mar del Plata aprobó por mayoría la cesión de un terreno lindero al Faro de la Memoria para la instalación de un bar de gin, a pesar de las intensas protestas de organizaciones de Derechos Humanos. El terreno, que en el pasado funcionó cerca del ex centro clandestino de detención de la Escuela de Suboficiales de Infantería Marina (Esim), ahora será destinado a la empresa local Burbarrel SA, conocida por su producto insignia, el gin "Restinga".

El proyecto fue respaldado por los bloques de Vamos Juntos (PRO), la Unión Cívica Radical, Coalición Cívica y La Libertad Avanza, quienes argumentaron que la cesión se basa en el deseo de “poner en valor un espacio municipal” y que no tiene connotaciones ideológicas. En contraste, los bloques de Unión por la Patria, Frente Renovador y Acción Marplatense votaron en contra, expresando su preocupación por la apropiación comercial de un sitio de relevancia histórica.

El concejal Agustín Neme del PRO defendió la iniciativa, asegurando que “esto no tiene nada que ver con los derechos humanos” y que el proyecto sigue las ordenanzas y leyes vigentes. Sin embargo, la postura fue recibida con abucheos por parte de los manifestantes presentes en el recinto.

Desde la UCR, la concejala Marianela Romero argumentó que “en ningún caso está el predio sobre el cual trabajamos está integrado” dentro de los sitios históricos de memoria reconocidos por la legislación nacional.

En respuesta, Diego García de Unión por la Patria criticó duramente la decisión, calificándola de “banalización del horror” y cuestionando el tratamiento del expediente como una “agrimensura de la tortura”. García y otros opositores denunciaron que la cesión del terreno para un bar representa un “desprecio” por los crímenes cometidos en el lugar durante la dictadura.

La aprobación del proyecto se produjo en medio de una sesión tumultuosa, con gritos y enfrentamientos entre los asistentes y concejales. Tras la votación, la sesión pasó a un cuarto intermedio debido al clima de agitación.

Organismos de Derechos Humanos y vecinos planean continuar su oposición al proyecto a través de acciones judiciales. Recientemente, presentaron una “acción preventiva de daño” ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1, buscando que se impida la cesión del terreno.

El oficialismo defendió su decisión argumentando que el terreno, actualmente en mal estado, sería revitalizado por la empresa privada, mientras que la oposición sostiene que la instalación del bar no solo es inapropiada sino que también ignora el valor histórico y el impacto ambiental del sitio.

La polémica continúa, con el futuro del terreno y su uso siendo temas de intenso debate tanto en el ámbito político como en la comunidad.