La disputa sobre la concesión del elevador de granos en Puerto Quequén ha generado una nueva ronda de enfrentamientos, tras el anuncio del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la Presidenta de Puerto Quequén de un próximo pliego de licitación. El nuevo contrato incluye una reserva del 30% de la carga para la provincia, lo que ha provocado una fuerte reacción de las sociedades rurales del sudeste de la provincia.

Las entidades rurales han emitido un comunicado en el que expresan su rechazo a la medida propuesta por el gobierno provincial, argumentando que se trata de una intervención “distorsiva” en el mercado que podría afectar negativamente la dinámica del comercio de granos. Según estas entidades, el Estado pretende tomar un rol excesivo en la comercialización de los granos, lo que consideran una forma de “intervencionismo” que podría desestabilizar el mercado.

La respuesta de la Asamblea Popular por la Soberanía de Puerto Quequén

En respuesta a las críticas de las entidades rurales, la Asamblea Popular por la Soberanía de Puerto Quequén ha emitido un comunicado detallado, defendiendo la propuesta del gobierno provincial y cuestionando abiertamente el desempeño de la empresa Terminal Quequén S.A. (TQSA). El comunicado sostiene que las críticas de las entidades rurales no sólo son infundadas, sino que en realidad defienden los intereses de grandes corporaciones en detrimento de los pequeños y medianos productores.

“La concentración de la tierra en pocas manos es uno de los rasgos más característicos de la actividad agrícola”, afirma el comunicado. “Desde las privatizaciones de los años 90, el 30% de los pequeños y medianos productores han desaparecido a manos de grandes terratenientes y empresas. Mientras tanto, la pobreza en la región se ha duplicado desde entonces. ¿Dónde ha ido a parar la riqueza generada por la actividad agroexportadora?”

Críticas a Terminal Quequén S.A.

La Asamblea detalla varios problemas con la gestión de TQSA, destacando los siguientes puntos críticos:

• Cumplimiento de Contrato: TQSA ha incumplido el contrato original, en el que se estipulaba el pago de un canon en dólares. Tras la crisis económica de 2002 y la devaluación del peso, la empresa ha aprovechado lagunas legales para pagar tarifas en pesos devaluados, lo que ha reducido significativamente los ingresos para la provincia.

• Servicios a Pequeñas Empresas: La empresa no ha prestado un servicio adecuado a las pequeñas exportadoras, concentrando la actividad en grandes corporaciones y excluyendo a los actores más pequeños del mercado.

• Inversiones y Servicios: Las inversiones realizadas por TQSA no han alcanzado lo comprometido en su propuesta inicial. Además, la empresa ha formado una empresa de transporte propia, monopolizando la actividad y perjudicando a otros proveedores de servicios.

• Impacto Ambiental y Urbano: La actividad de TQSA ha tenido un impacto negativo significativo en la salud pública y la infraestructura urbana de Necochea. El polvo tóxico generado por las operaciones de la terminal ha deteriorado la calidad del aire, y los daños a la infraestructura urbana han recaído en los ciudadanos a través de altas tasas municipales.

• Manipulación y Especulación: La Asamblea acusa a TQSA de involucrarse en especulación financiera y evasión fiscal. La empresa habría desviado capitales de la producción a actividades especulativas y eludido impuestos a través de prácticas cuestionables como falsos préstamos y ventas manipuladas.

Propuesta de la Asamblea

La Asamblea propone que la provincia tome un rol más activo en la gestión de la terminal a través de la creación de una Sociedad del Estado. Según el comunicado, esta medida permitiría al Estado operar la terminal directamente, asegurando que el 100% de la capacidad de carga esté bajo control estatal, no solo el 30% propuesto.

Las razones para esta propuesta incluyen:

1. Transparencia en la Comercialización: Con la gestión estatal, se podrían evitar maniobras de evasión y manipulación de precios. La comercialización directa permitiría una mejor supervisión y transparencia.

2. Control sobre Delitos Económicos: El Estado podría evitar prácticas como la subfacturación, el pago de falsos servicios, y la manipulación de precios internacionales.

3. Mejora en la Competitividad: La competencia estatal rompería el monopolio de las grandes corporaciones, elevando los precios que se pagan a los productores y mejorando las condiciones laborales y de servicio.

4. Eficiencia y Control: La gestión estatal podría garantizar mayores inversiones y evitar el deterioro de infraestructuras. Además, permitiría un control más efectivo sobre actividades ilícitas como el narcotráfico.

5. Beneficios Locales: Los beneficios generados serían redistribuidos a los municipios afectados, compensando los perjuicios generados por la actividad agroexportadora y mejorando la situación financiera de las localidades.

La Asamblea Popular por la Soberanía de Puerto Quequén aboga por una mayor participación estatal en la operación del elevador de granos para asegurar una distribución más equitativa de los beneficios y mejorar las condiciones para los pequeños productores y comunidades locales. Enfatiza que la intervención del Estado no es solo una cuestión de política económica, sino una medida necesaria para rectificar desequilibrios y daños generados por la gestión privada.