En un intento por despejar dudas y desmentir rumores sobre el futuro del puerto Quequén, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, abordó en una entrevista con el periodista Gustavo Sylvestre las inquietudes relacionadas con la licitación del elevador provincial que hoy opera Terminal Quequén y el falso rumor de la creación de una junta provincial de granos.

Kicillof desmintió categóricamente las versiones que indicaban la creación de una junta provincial de granos, una idea que había generado alarma en el sector agroexportador. Según el gobernador, el debate actual se centra en la renegociación del contrato para la concesión de la terminal de Quequén, cuyo plazo de concesión venció en 2021. La concesión tenía una prórroga semiautomática de tres años que se extiende hasta noviembre de este año.

“Desmentimos categóricamente la supuesta creación de una junta provincial de granos”, afirmó Kicillof, refiriéndose a las versiones de una posible estatización y alusión a estructuras similares a las del pasado.

LA DISCUSIÓN DE FONDO SOBRE LA NUEVA LICITACIÓN

Kicillof explicó que los elementos en discusión para el nuevo contrato son dos aspectos principales:

1. Multas por obras no realizadas: El contrato vigente incluía compromisos de obras que no se han cumplido, y se está negociando un monto de entre diez y doce millones de dólares en multas.

2. Reserva de carga: Esta propuesta permitiría al Estado provincial acceder a una cuota de uso del elevador de granos, que estaría destinada a los pequeños productores. El objetivo es permitir a estos productores, que a menudo son los más perjudicados por las condiciones del mercado, tener un acceso más equitativo a los servicios portuarios.

“Generalmente ése es el sector más castigado con el precio, el eslabón más débil de la cadena”, explicó Kicillof, defendiendo la necesidad de asegurar una mayor equidad en el acceso al elevador de granos.

Aclaraciones de Jimena López sobre la licitación

Jimena López, presidenta del directorio del Puerto Quequén, también abordó los rumores sobre una “licitación express”. López aseguró que el proceso de licitación está diseñado con un alto nivel de tecnicismo y seguridad jurídica, y está orientado a permitir la participación del sector productivo agroexportador, excluyendo la posibilidad de que fondos buitres o fondos económicos participen en la licitación.

“Esta licitación no es una intervención provincial ni una toma de control del mercado. Es una manera de asegurar que la terminal funcione por 30 años más, beneficiando a más de 100 familias que trabajan allí”, afirmó López. Añadió que la provincia no se quedará con el 30% de la producción privada, sino que facilitará el acceso a los pequeños productores dentro del calendario anual de operaciones.

El puerto de Quequén es el puerto más profundo del país y maneja alrededor de 7,5 millones de toneladas de granos anuales, representando el 7% de las exportaciones argentinas y el 1% del comercio de granos a nivel mundial. La toma de decisiones en el puerto se realiza a través de un directorio compuesto por nueve miembros:

• Presidido por Jimena López, única integrante en representación de la Provincia.
• Ocho miembros restantes: Incluyen representantes gremiales, empresarios de la Cámara de Actividades Portuarias, del municipio de Necochea, de Coninagro, y de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA).

La reciente preocupación en el sector surgió tras un comunicado de José Martins, titular de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y accionista mayoritario de Terminal Quequén S.A., que insinuó incertidumbre sobre la continuidad de los empleos debido a las decisiones provinciales.

Al respecto destacó que “anticipándonos al vencimiento de la concesión y tomando el ejemplo de terminales colegas en otros puertos, que han prorrogado la vigencia mediante inversiones de capital, hace más de cuatro años venimos ofreciendo a las autoridades locales y de la provincia de Buenos Aires inversiones por aproximadamente US$ 25 millones para modernizar y eficientizar la operatoria, a cambio de extender la concesión. Hasta el momento, solo hemos obtenido promesas incumplidas, dilaciones y tentativos llamados a licitación que nunca se concretan”.

“Hoy nos encontramos con la concesión vencida y una prórroga a punto de expirar. La falta de definición concreta sobre el futuro de la Terminal por parte del Consorcio de Gestión, nos pone frente a la obligación de no poder ofrecer servicios de elevación para la auspiciosa cosecha fina que llegará a partir de diciembre. Un dogma ideológico que se antepone al bien común, rompiendo lo que funciona… El caso YPF/Petronas – Bahía Blanca, lamentablemente, parece no haber dejado enseñanzas…”, afirmó.

Este mensaje generó una ola de preocupación, aunque Kicillof y López han intentado calmar los temores y asegurar que la licitación y el futuro del puerto se manejan con transparencia y con el interés de todos los actores involucrados.