El Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, liderado por la necochense Andrea Cáceres, presentó datos reveladores en el contexto del debate sobre la baja de la edad de punibilidad. En una jornada organizada por el Municipio de Morón en el Colegio de Abogados de esa ciudad, la subsecretaria de Responsabilidad Penal Juvenil, Viviana Arcidiácono, expuso cifras que ponen en perspectiva el impacto de esta propuesta legislativa.

Arcidiácono destacó que, según los datos del Poder Judicial, el porcentaje de expedientes iniciados en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil ha disminuido significativamente. En 2013, estos expedientes representaban el 4% del total de Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) con presuntos autores adultos, mientras que en 2023 este porcentaje bajó al 2.2%.

“No se trata solo de razones sociales e ideológicas. La baja de la edad de punibilidad implicaría ir en contra de políticas y tendencias de convenciones y tratados internacionales. Lo más importante para la comunidad es que, en términos pragmáticos, no resolvería el problema de la inseguridad y contradice los indicadores que se manejan”, sostuvo Arcidiácono durante su intervención. La funcionaria compartió mesa con el ex secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, Gabriel Lerner; representantes de UNICEF; y el subsecretario de Niñez de Morón, Rodolfo García Silva.

El Organismo también presentó datos sobre el volumen de casos en el Fuero Juvenil. En 2013, se iniciaron 28.892 expedientes con presuntos autores menores de 18 años, cifra que disminuyó a 23.846 en el último año. De estos, solo 1.466 casos fueron elevados a juicio en toda la provincia.

Además, los datos del Ejecutivo reflejan que solo el 12.50% de los ingresos de menores de 16 años al sistema judicial corresponden a reiteración de delitos, mientras que el 87.50% se debe a su primer delito. Los casos totales apenas superan los 300 en una provincia con una población de 17.5 millones de habitantes.

La jornada evidenció un consenso entre los expertos sobre la falta de efectividad de la baja de la edad de punibilidad para abordar problemas de inseguridad y su potencial impacto negativo en políticas y tratados internacionales. La discusión sobre este tema continúa siendo un punto de atención crucial en las políticas de justicia juvenil.