El presidente Javier Milei ha oficializado el veto a la ley de Financiamiento Universitario, una decisión que llega justo un día después de la masiva marcha en defensa de la educación pública que se llevó a cabo en todo el país, incluida una fuerte movilización en la Plaza Congreso de Buenos Aires.

A través del decreto 879/2024, publicado en el Boletín Oficial, el mandatario argumentó que la iniciativa aprobada por el Congreso infringe los principios establecidos en la ley de Administración Financiera. Milei sostiene que el proyecto no especifica las fuentes de financiamiento necesarias para cubrir los gastos adicionales, estimados en más de $1,7 billón. “El proyecto de ley es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente”, se indica en los considerandos del decreto.

La decisión se formalizó al final del plazo legal para ejercer el derecho a veto. Aunque no se trata de un decreto de necesidad y urgencia, lleva la firma de Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y todos los ministros, lo que no es habitual en un decreto común.

En un comunicado difundido en redes sociales, la Oficina del Presidente calificó el proyecto como “irresponsable” y celebró el “sinceramiento” de opositores que, según Milei, se unieron para obstruir su plan económico.

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— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 3, 2024

El gobierno fundamenta su veto en el artículo 38 de la ley 24.156 de Administración Financiera, que estipula que cualquier ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto debe especificar las fuentes de recursos. También se invocó el reglamento del Senado, que exige que todo proyecto de gasto incluya la estimación de erogaciones y su financiamiento.

Desde la perspectiva del gobierno, la implementación de la ley implicaría un impacto fiscal significativo. Se argumenta que los artículos 3 y 4 aumentarían el presupuesto en $251.907,5 millones, y que la recomposición salarial, contemplada en el artículo 5, representaría gastos adicionales por $811.569 millones. Según el análisis oficial, esto podría llevar el total de erogaciones a más de $1,7 billón.

El gobierno concluye en su justificación que el proyecto “no busca defender ni garantizar el financiamiento de las Universidades Nacionales, sino dañar al gobierno políticamente”, reflejando así el clima de tensión y polarización que rodea a este tema crucial para la educación en Argentina.