En una jornada marcada por la tensión y la protesta, la Cámara de Diputados votó en contra del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. A pesar del respaldo de 160 legisladores a la ley, el gobierno de Javier Milei logró sostener el veto a través de negociaciones complejas y alianzas, reflejando un desprecio por la voluntad popular expresada en las movilizaciones de la semana pasada.

La votación culminó con 160 votos a favor de la ley, 84 en contra, 5 abstenciones y 8 ausencias. Los votos afirmativos fueron mayoritariamente de Unión por la Patria, que aportó 96, mientras que la oposición al veto provino principalmente de La Libertad Avanza, el PRO y un grupo de “radicales libertarios”.

Detalles de la votación:

• A favor de la ley (160 votos):

  • Unión por la Patria: 96 votos (con 2 ausencias).
  • Unión Cívica Radical: 27 votos.
  • Otros apoyos: 13 del bloque de Pichetto, la Coalición Cívica, la bancada completa del Frente de Izquierda, 4 de Innovación Federal y 2 del PRO (Baldassi y González).

• En contra del veto (84 votos):

  • La Libertad Avanza: bancada completa.
  • PRO: mayoría de la bancada.
  • Radicales Libertarios: 4 votos.

• Abstenciones (5 votos):

  • Provenientes de los misioneros de Innovación Federal y del neuquino Pablo Cervi de la UCR.

• Ausencias (8 diputados):

  • Las ausencias con aviso fueron de Carbajal (UCR), Lopez Murphy (Encuentro Federal) y Oscar Zago (MID), que estaban de viaje, y el diputado Steffani del PRO, que se encuentra delicado de salud. Además, se sumaron ausencias significativas como las de Alejandra Torres (Córdoba, Llaryora-PJ) y otros que ayudaron al gobierno al no asistir.

A raíz de esta decisión, el Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a un paro total para el jueves 10 de octubre. En su comunicado, expresaron: “Repudiamos a las y los diputados que votaron en contra del mandato popular de defender la universidad. La voluntad popular ha sido defraudada y la democracia ha cedido al manejo antirrepublicano de gobernar por decreto del Gobierno nacional”.

Además, cuestionaron que “se conformó una alianza política que es incapaz de conmoverse ante el sufrimiento de las grandes mayorías, ante el reclamo de todos los sectores para sostener aquello que es fundamental: la universidad pública, la educación pública”.

Mientras tanto, organizaciones estudiantiles y de izquierda se concentraron frente al Congreso para manifestar su rechazo al veto. En un clima de fuerte operativo de seguridad, se reportaron tomas en diversas facultades, incluyendo la UBA, donde los estudiantes votaron en asambleas para ocupar las sedes durante 48 horas.

La Ley de Financiamiento Universitario, presentada por la Unión Cívica Radical, proponía asignar el 85% de los recursos a gastos salariales y el 15% a gastos de funcionamiento, además de introducir un mecanismo de actualización bimestral que consideraba el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación del tipo de cambio. Esta normativa era considerada crucial para enfrentar la crisis económica que afecta a las casas de altos estudios.

La decisión de mantener el veto implica un desafío considerable para la sostenibilidad de las universidades en el país y podría intensificar las tensiones entre el gobierno y los sectores educativos.