La Honorable Cámara de Diputados bonaerense aprobó hoy una nueva ley que simplifica los procesos judiciales para reclamar la cuota alimentaria, una medida clave para garantizar el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes, así como de sus madres. La normativa busca reducir los obstáculos que dificultan el cumplimiento de la obligación alimentaria y agilizar los trámites judiciales para asegurar que los derechos de los menores sean protegidos.

La Ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad, Estela Díaz, celebró la aprobación del proyecto y destacó que el eje central de la ley es el fortalecimiento de la autonomía de las madres. "El objetivo es equiparar las condiciones de desigualdad y desequilibrio de poder en los procesos judiciales por incumplimiento de la cuota alimentaria", afirmó Díaz, y agregó que se trata de un paso fundamental para promover una transformación en el desarrollo de nuestras infancias con justicia social y con las mujeres como protagonistas.

El gobierno de la Provincia presentó dos proyectos de ley para garantizar el pago de la Obligación Alimentaria y agilizar el proceso judicial de reclamo a los deudores. El primero de estos proyectos fue aprobado por la Cámara de Diputados y se convirtió en ley este jueves. Ambas iniciativas fueron elaboradas en el marco de la Mesa de Trabajo sobre Obligación Alimentaria, creada tras la presentación del informe “Incumplimiento de la obligación alimentaria en la Provincia de Buenos Aires: Un problema estructural que profundiza las desigualdades de género” en 2022, y con el aporte de las legisladoras Sofía Vannelli y Lucía Iáñez.

El Informe sobre Incumplimiento de la Obligación Alimentaria, elaborado por el Ministerio de Mujeres y Diversidad, da cuenta de las desigualdades de género en las crianzas en hogares monomarentales, revelando que 7 de cada 10 mujeres no reciben los aportes del progenitor de sus hijos e hijas. El informe también señala que el 65% de las mujeres bonaerenses no recibe la obligación alimentaria o solo la percibe de manera esporádica, fenómeno que afecta a todas las clases sociales.

La nueva ley responde a la necesidad de modificar un sistema judicial que, según las autoridades, ha demostrado ser deficiente y fragmentado en cuanto a la ejecución de la obligación alimentaria. Este problema contribuye al sobreendeudamiento de los hogares monomarentales y a la sobrecarga de cuidados que enfrentan las mujeres, lo que afecta su acceso al empleo formal.

El ministerio de Mujeres, Género y Diversidad publicó en redes sociales los logros de esta ley. 

 

 

 

 

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Reformas clave incluidas en la nueva ley:

• Determinación del monto de la obligación alimentaria: Se establecerán parámetros claros, como el Índice de Crianza, elaborado por el INDEC, para determinar el monto que debe abonar el progenitor.
• Respuesta rápida y ágil: La ley incorpora herramientas eficaces para obtener respuestas rápidas y resolver los conflictos de manera flexible.
• Reducción del litigio: Se busca minimizar los trámites judiciales y promover una resolución rápida y pacífica de los conflictos.
• Fortalecimiento de la autonomía de las mujeres: Se da un paso hacia la autonomía de las mujeres en el proceso de toma de decisiones dentro del sistema judicial.
• Uso de tecnologías digitales: Para garantizar el acceso a la justicia, se permite el uso de aplicaciones de mensajería instantánea, como Whatsapp, para notificar la demanda de alimentos cuando la notificación en domicilio sea imposible.
• Plazos y sanciones: Se establecen plazos de 5 días para entidades privadas y 7 días para entidades públicas para dar respuesta a la prueba de informes. Además, se prevén multas e intereses si los progenitores no se presentan a las audiencias judiciales sin una justificación adecuada, entorpeciendo el proceso.