La reciente decisión del gobierno nacional, a través del Decreto 1081/2024, que reduce la edad mínima para acceder a la tenencia legal de armas de fuego de 21 a 18 años, ha encendido una alarma en diferentes sectores sociales y académicos. En un comunicado emitido el 12 de diciembre, diversas organizaciones se manifestaron en contra de esta medida, alertando sobre las peligrosas consecuencias que podría acarrear, sobre todo para la juventud del país.

El comunicado fue emitido por la Asociación Civil "Alfredo Marcenac", creada a partir del crimen de Alfredo Marcenac, cometido por un legítimo usuario de armas de fuego el 6 de julio de 2006; la Cátedra Abierta "Alfredo Marcenac" de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN); la Red Argentina para el Desarme y el Núcleo de Estudios de Antropología Jurídica. Las organizaciones cuestionan la decisión del gobierno, que argumenta que la mayoría de edad debería habilitar el acceso a las armas de fuego, y subrayan que este argumento carece de fundamento serio y no tiene en cuenta el contexto de violencia armada y las altas tasas de suicidio en Argentina.

Comunicado completo:

“Papá, si matamos a todos los malos, ¿sólo quedamos los buenos?. No hijo, sólo quedaríamos los asesinos”.(Anónimo)

1.500.000 potenciales consumidores de armas, una "clientela" apetecible para los mercaderes de la muerte.

El gobierno nacional acaba de decidir, por Decreto 1081/2024, bajar de 21 a 18 años la edad mínima para solicitar la tenencia legal de un arma de fuego en nuestro país. Por medio de esta breve comunicación queremos ofrecer y reiterar algunos datos que pueden ayudar a comprender y dimensionar con criterio propio el problema de las armas de fuego en Argentina.

Según estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, anualmente se registran en nuestro país cerca de 3000 muertes y más de 10.000 heridos por las armas de fuego (un promedio de 35 personas heridas o muertas por día). La mayoría de los que matan y mueren son varones jóvenes de entre 15 y 30 años de edad. El 75% de esas muertes se producen en situaciones de conflictos interpersonales, accidentes y suicidios. Uno de cada 4 femicidios es cometido con un arma de fuego. Argentina se encuentra entre los países del mundo con mayor cantidad de suicidios en la franja etaria de 18 a 24 años. El 30% de los varones que se suicidan, utilizan armas de fuego. Estas cifras podrían incrementarse a partir del decreto aprobado por el gobierno nacional que desconoce el impacto letal que contiene.

El fundamento de la medida es que la mayoría de edad debería habilitar también el acceso a las armas de fuego. Este argumento resulta falaz y carece de fundamento serio. Basta con mirar la legislación de otros países como Brasil, donde el acceso a las armas es a partir de los 25 años de edad e inclusive en algunos distritos de Estados Unidos, un país pro-armas y que por eso sufre mucho esta problemática, la edad mínima establecida es de 21 años.

¿Espíritu libertario a ultranza que pone el deseo individual por encima del peligro colectivo? ¿Adhesión ideológica al modelo de sociedad norteamericana, proclive al uso de armas, que ocasionan 145 muertes por día? ¿O debilidad ante el lobby de los comerciantes y usuarios de armas de fuego? Porque como se sabe, las armas son un negocio.

En este caso, el decreto crea aproximadamente 1.500.000 potenciales consumidores de armas, una “clientela” apetecible para los mercaderes de la muerte, a quienes nada importa la seguridad y la vida de los jóvenes.

La Asociación Civil “Alfredo Marcenac”, creada a partir del crimen de Alfredo, cometido por un legítimo usuario de armas de fuego el 6 de julio de 2006, tiene como objetivo concientizar para el Desarme y la Educación para la paz. Desde la Cátedra Abierta “Alfredo Marcenac” y la Diplomatura en Educación para la Paz y el Abordaje de la Conflictividad Social (Facultad de Cs. Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires) se viene trabajando, investigando y reflexionando colectivamente sobre estrategias posibles para abordar los conflictos de formas no violentas. Desde la experiencia y el conocimiento acumulados en estos 18 años junto a la Red Argentina para el Desarme, invitamos a la ciudadanía a implicarse en este problema y solicitamos al gobierno nacional la revisión de este decreto, que tendrá consecuencias graves para la seguridad de la población en general y para los jóvenes en particular.