

Según UATRE, la decisión de suspender el Congreso se basó en la falta de resolución de algunas impugnaciones presentadas por un pequeño grupo vinculado al diputado nacional de La Libertad Avanza, Pablo Ansaloni, quien había sido derrotado en las elecciones internas del sindicato en 2022 en Bahía Blanca.
Natalia Sánchez Jauregui, secretaria de Organización de UATRE, expresó: "La libertad sindical se garantiza respetando el Estatuto y no permitiendo al Gobierno de turno que lo transforme en letra muerta". Y agregó: "Una pequeña minoría, compuesta en su mayoría por personas que ni siquiera son afiliadas, no puede alterar el normal funcionamiento de un sindicato con cientos de miles de afiliados".
El Congreso de Puerto Madryn aprobó por unanimidad todas las decisiones adoptadas por la conducción de José Voytenco, actual Secretario General de UATRE. En su comunicado, la organización sindical señaló que la resolución de la Secretaría de Trabajo busca intervenir en la vida interna del sindicato, desconociendo los derechos democráticos de los trabajadores rurales.
Sánchez Jauregui también afirmó que "la suspensión fue arbitraria e ilegal porque buscaba llevarnos a la parálisis institucional, que es lo que quieren los opositores internos como Ansaloni, Andrada, Petriatti y Castro".
En este marco, UATRE rechazó enérgicamente lo que consideraron una maniobra política, alertando sobre el peligro de sentar un precedente que permita que cualquier minoría disconforme, con el apoyo del poder de turno, altere ilegalmente el normal funcionamiento de una organización sindical.
La secretaria de Organización de UATRE concluyó: "No creo que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo convalide una maniobra ilegal y autoritaria como la intervención, porque de lo único que se trata es de la validez o nulidad del Congreso de Puerto Madryn y no de hacer cesar mandatos de un secretariado nacional electo válidamente hasta fines de 2026".
En defensa de la libertad sindical (Art. 14 bis de la Constitución Nacional), UATRE ha declarado un estado de alerta y movilización para proteger los derechos de sus afiliados y garantizar el pleno ejercicio de la democracia interna.