El Gobierno nacional ha recortado el Programa Nacional de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional del Cáncer, generando una alarma en los sectores de salud. La medida, que ha sido muy criticada por los profesionales de la salud, se traduce en la suspensión de la compra de opioides como la morfina y la metadona, y el despido de seis de los ocho integrantes del equipo.

La médica y especialista en cuidados paliativos, Mariana Pechenik, fue una de las primeras en alertar sobre las consecuencias de esta decisión. En sus redes sociales, Pechenik afirmó que los recortes resultarán en “más pacientes sin recibir atención de personal calificado en cuidados paliativos ni alivio del dolor”. Además, en un desgarrador mensaje, destacó que “los cuidados paliativos argentinos estamos de luto” debido a la eliminación de un programa esencial para la atención de pacientes oncológicos.

La versión de la AAMYCP: Preocupación por el futuro de los cuidados paliativos

En paralelo, la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos (AAMYCP), que trabaja desde hace casi 30 años en la mejora de los cuidados paliativos en el país, expresó su preocupación por el futuro del Programa Nacional de Cuidados Paliativos. En un comunicado fechado el 25 de febrero, la AAMYCP informó que, aunque han solicitado información al Ministerio de Salud de la Nación desde el 17 de febrero, aún no han recibido respuestas claras sobre la situación actual del programa. La Asociación destacó que esta es una política pública en proceso de implementación desde la reglamentación de la Ley Nacional de Cuidados Paliativos (Ley N° 27.678), cuya desaparición afectaría gravemente a los pacientes que requieren atención especializada.

El comunicado también menciona que, desde agosto de 2024, muchas provincias han tenido que hacerse cargo de la compra de opioides debido a la falta de un sistema de distribución eficiente a nivel nacional, y se expresa una preocupación por las diferencias que persisten entre las provincias en cuanto a disponibilidad de medicamentos. La AAMYCP resaltó que, más allá de la provisión de analgésicos, el programa tiene una función integral que incluye la capacitación de profesionales y la creación de equipos médicos de calidad en todo el país.

La defensa del Ministro Mario Lugones

Desde el Gobierno, el Ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, salió al cruce de las denuncias, desmintiendo las afirmaciones de los profesionales. A través de su cuenta en la red social X, Lugones aseguró que “todos los programas y medicamentos están garantizados por el Ministerio de Salud”. En su versión de los hechos, explicó que no ha habido falta de insumos en los hospitales públicos y que los opioides solicitados por los centros de salud no han sido requisitados en mayor cantidad porque los hospitales todavía cuentan con stock suficiente. Según Lugones, lo que se ha detectado en el Instituto Nacional del Cáncer es un sistema de compras ineficiente, y aseguró que el Gobierno está en proceso de “reordenar el sistema de salud” para evitar el despilfarro de recursos.

“Estamos cambiando el sistema de salud para evitar los curros de la era kirchnerista. No vinimos a hacer más de lo mismo, vinimos a cambiar un sistema que estaba en decadencia”, afirmó Lugones en su publicación, defendiendo así los recortes como parte de un proceso de optimización de recursos y de lucha contra la corrupción en el sector.

ESTO ES FALSO

Todos los programas y medicamentos están garantizados por el Ministerio de Salud. No se suspendió ni se va a suspender ningún programa oncológico.

A la hora de hablar de compra de opioides es importante tener en claro que son compras hospitalarias propias de cada… https://t.co/iPgjVPXuD6

— Mario Lugones (@Mariolugones_ar) February 24, 2025

La crítica de los profesionales

Sin embargo, las organizaciones de salud, incluyendo a la AAMYCP y a FESPROSA (Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la Argentina), no han dejado de denunciar las repercusiones de los recortes. Según los representantes de FESPROSA, los problemas comenzaron en 2024 con la disolución de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), lo que interrumpió la entrega de medicamentos oncológicos y provocó demoras significativas en el tratamiento de los pacientes. La organización estima que, como consecuencia de estos problemas, al menos 60 personas han fallecido desde principios de 2024 debido a la interrupción en el suministro de medicamentos y la falta de atención paliativa.

El impacto en las provincias

Otro de los puntos críticos que resaltó la AAMYCP es que el recorte y la desarticulación del programa impacta de manera desigual en las provincias. Mientras que algunas han logrado continuar con la provisión de analgésicos, otras enfrentan serias dificultades debido a la falta de coordinación y recursos. La organización hace un llamado urgente para garantizar la continuidad del programa y la equidad en el acceso a los cuidados paliativos para todos los pacientes del país.